Todavía estábamos conmocionados por la compra del famoso ático, por la ocultación de las famosas joyas, por el escándalo en el Congreso provocado por una diputada que llevó gas pimienta para 'sazonar' su intervención en el pleno de un Parlamento inoperante.
Aún resonaban los ecos del concierto madrileño de Shakira, un recital de localidades no baratas. España vivía la adulación a Brad Pitt, ídolo en San Sebastián. Y entonces, nación de contrastes sangrantes, Maricarmen, 87 años, parcialmente discapacitada en su movilidad, salía en camilla, que era casi salir esposada, de su casa de toda la vida en pleno centro 'clásico' de la capital.
No, no voy, ni puedo, a analizar las razones legales de un fondo, sea o no buitre, para sacar a Maricarmen del que ha sido su hogar durante más de setenta años. Simplemente, es una ley mal hecha porque no piensa en el ciudadano sino en el empresario, no en el vecino, sino en el especulador. Y mi indignación crece cuando sé que las fuerzas del orden instauraron el desorden al impedir que quienes se manifestaban para apoyar a Maricarmen -en espíritu allí estábamos muchos-se acercasen al lugar del desaguisado, en el que una anciana era forzada a subir a una ambulancia que se la llevó y punto. Por cierto, tampoco mis compañeros con cámaras pudieron aproximarse, vulnerando quienes lo impedían un derecho básico a la información.
El 'caso Maricarmen', sobre el que los responsables políticos (en este caso, en Madrid) nada han dicho más allá de airear el ofrecimiento de una residencia para la mujer, nos sitúa frente a un país que cada día se va haciendo más egoísta, más inhumano, más inmoral. Ya digo, lo del ático resulta ahora sangrante, como lo es el caso de cientos de miles de jóvenes que no pueden acceder a una solución habitacional, o como lo es la certeza de que un ex presidente del Gobierno se guardó, lisa y llanamente, un regalo en joyas que correspondía al Estado.
Este es un país, cuánto siento decirlo, en el que la ley se cumple inexorablemente cuando el fondo, buitre o no, te echa, contrato en mano, de tu casa de toda la vida. Pero es un país en el que, al tiempo, las leyes se alteran cuando a los intereses gubernamentales le conviene -véase el Código Penal sobre malversación, rebelión o sedición, ahora que nos vuelve Puigdemont-. O se incumplen sin más, e incluyo en esta acusación a la propia Constitución, en tantos puntos tan reiteradamente vulnerada. O sea, el rigor de la ley se reserva para el débil, pero se 'dulcifica' con el fuerte, y, por favor, no me acuse de demagogia: a la Historia me remito.
Este es un país que tiene que despertar. Me supo a poco que unos cientos de personas, entre vecinos y miembros de asociaciones de inquilinos, tratasen de manifestarse: cuánta falta nos hace una sólida sociedad civil. Y me dolió la rudeza policial sobre la que confío, quizá en vano, escuchar alguna explicación de la Delegación del Gobierno, o del Ayuntamiento, o de la Comunidad: todos han fallado en el 'país Maricarmen'. Un país donde se utiliza a narcotraficantes -que esa es otra cuestión bien preocupante- para tratar de atemorizar a una juez. Un país en el que se homenajeará, cuando regrese tras nueve años en el limbo jurídico, a quien las máximas autoridades calificaron, no hace tanto tiempo, como 'golpista' contra el Estado. A ver cómo se explica tanta contradicción.
Este es un gran país que, siendo magnífico, a muchos, por muchas razones, no nos gusta, Y no podemos, moral y profesionalmente, seguir callados.
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