Citados a declarar como investigados dos exaltos cargos de la Comunidad por los protocolos en residencias
El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado a declarar este lunes 26 de mayo a las 12:30 horas a dos antiguos altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, en calidad de investigados por su implicación en la gestión de las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia de Covid-19. Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), tras reabrirse una causa que había sido archivada provisionalmente hace casi tres años.
Carlos Mur ocupaba en marzo de 2020 el cargo de director general de coordinación sociosanitaria y fue quien firmó los controvertidos protocolos que desaconsejaban derivaciones hospitalarias desde residencias de mayores. Francisco Javier Martínez Peromingo, geriatra con responsabilidad sobre 47 residencias del entorno del Hospital de Móstoles, fue quien le sustituyó en el cargo en mayo de ese mismo año, tras el cese de Mur.
La reapertura del caso responde a una denuncia colectiva presentada en octubre de 2024 por 109 familiares de residentes fallecidos, canalizada a través de las asociaciones Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia. Esta denuncia, dirigida contra diversos altos cargos del Ejecutivo regional, incluía la acusación de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, recogido en el artículo 511 del Código Penal.
Durante los últimos meses, familiares de los fallecidos han acudido a declarar ante la Fiscalía, ofreciendo su testimonio sobre lo acontecido en los primeros meses de la pandemia. Las asociaciones implicadas han celebrado que, por primera vez, dos responsables políticos sean citados como investigados. Han señalado que hasta ahora “ninguna instrucción judicial había apuntado directamente a ellos” y reclaman que también se esclarezca el papel desempeñado por el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
La Fiscalía Provincial de Madrid repartió los casos entre diferentes fiscalías territoriales, en función del domicilio de los denunciantes. De los 53 asignados a Madrid capital, 48 correspondían a querellas anteriores por homicidio u omisión del deber de socorro, muchas ya archivadas. Cinco denunciantes acudían por primera vez a la vía judicial. En todos estos procedimientos, el Ministerio Público ha instado a que declaren como investigados tanto Mur como Peromingo, identificados como los autores de los protocolos.
La resolución del Juzgado 3 de Madrid supone la primera reapertura de una causa anteriormente archivada por estos hechos, alineándose con la postura de la Fiscalía Provincial. No obstante, otros diez juzgados han optado por mantener el sobreseimiento, ante lo cual los familiares afectados, junto con el propio Ministerio Público, han presentado recursos. El resto de los juzgados implicados en la causa aún no se han pronunciado.
En total, existen 92 procedimientos abiertos o en trámite relacionados con la supuesta denegación de asistencia sanitaria en residencias durante la pandemia, bajo el amparo del artículo 511 del Código Penal. Algunos se encuentran pendientes de admisión a trámite, mientras que cinco ya han alcanzado la Audiencia Provincial, tras ser recurridas las decisiones de archivo por parte de los afectados.
