Madrid recurre al Supremo contra el reparto obligatorio de menores migrantes

La Comunidad de Madrid ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que prolonga la distribución obligatoria de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas.

El Consejo de Gobierno ha conocido este miércoles el recurso de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, con el que el Gobierno central pretende prorrogar el traslado "forzoso" de menores no acompañados entre comunidades autónomas.

La Abogacía General lo presentó el pasado 1 de septiembre, por encargo de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, y ya ha sido admitido a trámite, según ha informado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.

Sistema de distribución obligatoria cuestionado

Con este Real Decreto, el Ministerio de Juventud e Infancia fijó para este año el número de menores extranjeros no acompañados que puede atender cada comunidad y ciudad autónoma en su sistema de protección, manteniendo el reparto obligatorio iniciado en 2025.

Este sistema se estableció mediante el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, recurrido ante el Tribunal Constitucional por diez comunidades autónomas, entre ellas, Madrid.

Seis actuaciones judiciales para frenar decisiones migratorias

Con esta encomienda, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid mantiene un total de seis actuaciones judicales para frenar distintas decisiones del Gobierno central en materia migratoria, divididas en cuatro bloques relacionados entre sí.

El consejero de Presidencia ha subrayado que los menores "no han llegado por generación espontánea" a la Península sino porque "los ha traído el Gobierno de Pedro Sánchez" y ha criticado que con su actuación esté "perjudicando" a las comunidades autónomas del PP mientras busca "beneficiar a Cataluña y País Vasco".

"Estamos dando todas las batallas para defender el interés general, para defender el interés de los madrileños y para exigirle al Gobierno que haga su trabajo, que controle las fronteras y, desde luego, que ponga freno a este caos migratorio que está viviendo nuestro país", ha enfatizado.

Recursos ante Tribunal Constitucional y Supremo

Por un lado, la Abogacía General ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley 2/2025 y ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 658/2025, por considerar que este sistema "invade sus competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social". Además, cuestiona que se haya utilizado un Real Decreto-ley para regular determinadas materias.

El Ejecutivo autonómico también ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo los Reales Decretos 743/2025 y 556/2026, que fijan el número de menores extranjeros no acompañados que deben poder atender los sistemas de protección de las comunidades autónomas.

El Ejecutivo regional cuestiona que el Ministerio de Juventud e Infancia establezca esta capacidad aplicando el mecanismo previsto en el Real Decreto-ley 2/2025, cuya constitucionalidad también ha impugnado.

Solicitud de suspensión de traslados

La Comunidad de Madrid también ha emprendido acciones judicales contra procedimientos concretos de ubicación y traslado de menores a la región y ha solicitado su suspensión. El objetivo es evitar que estos traslados "se lleven a cabo mientras esté pendiente de resolución la constitucionalidad del sistema que los regula".

Sentencia favorable en materia de asilo

Por último, en materia de asilo y protección internacional, la Abogacía General recurrió ante el Tribunal Supremo, que el pasado mes de diciembre obligó al Gobierno central a hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo que se encontraran en la Comunidad de Madrid. El tribunal determinó que su acogida corresponde al Estado, por ser la administración competente en esta materia.