El Supremo admite el recurso de la Comunidad de Madrid contra la regularización de migrantes

La Comunidad de Madrid impugna el real decreto del Gobierno central, pide su suspensión cautelar y denuncia que el proceso afecta a los servicios públicos, contradice la normativa europea y agrava el desorden en materia migratoria.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso que presentó la Comunidad de Madrid contra la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso solicita además la suspensión cautelar del real decreto, argumentando que perjudica gravemente la prestación de servicios públicos en la región, carece de financiación suficiente, entra en conflicto con la normativa de la Unión Europea y plantea problemas de seguridad. La Abogacía General de la Comunidad interpuso el recurso el pasado viernes. Ahora la Administración General del Estado tiene cinco días para formular alegaciones sobre las medidas cautelares reclamadas.

La decisión del alto tribunal abre un cauce judicial a uno de los principales enfrentamientos políticos e institucionales entre la Puerta del Sol y La Moncloa en las últimas semanas. La admisión a trámite no prejuzga el fondo del asunto, pero permite que el recurso continúe y obliga al Estado a responder en el procedimiento.

Desde el Gobierno madrileño argumentan que esta regularización extraordinaria traslada a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos una presión adicional sobre servicios ya tensionados, sin prever recursos económicos ni refuerzos de personal. Ese ha sido uno de los ejes principales del recurso, junto a la supuesta incompatibilidad de algunos aspectos del decreto con el marco europeo de inmigración y control de fronteras.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, reiteró este miércoles esa posición durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El portavoz autonómico alertó de "deficiencias" en el proceso diseñado por el Ejecutivo central y aseguró que la regularización va "en contra" de los pactos europeos en materia migratoria.

García Martín reafirmó además el planteamiento político que viene sosteniendo la Comunidad de Madrid frente a esta medida. Según ha defendido, el Ejecutivo regional apuesta por una inmigración "legal, ordenada y vinculada al empleo", frente al "caos" que, a su juicio, está provocando el modelo impulsado por el Gobierno central.

El foco en el arraigo y los antecedentes

Entre los elementos que el Gobierno madrileño considera más problemáticos, el consejero ha citado expresamente la posibilidad de acred