Inma Sanz sostiene que la jurisprudencia impide reintegrar las sanciones impuestas en las Zonas de Bajas Emisiones pese al rechazo del Tribunal Supremo al recurso municipal, mientras VOX llevará al Pleno una moción para exigir la devolución.
El Ayuntamiento de Madrid no devolverá el dinero de las multas impuestas en las Zonas de Bajas Emisiones que fueron anuladas. La vicealcaldesa Inma Sanz confirmó este miércoles que la sentencia no tiene efecto retroactivo, tras el rechazo del Tribunal Supremo al recurso que presentó el Consistorio contra la resolución que anuló los artículos de la ordenanza que delimitaban el ámbito de las ZBE en la capital. El Gobierno municipal se ampara en la jurisprudencia vigente. La decisión llega después de que Vox anunciara una moción en el próximo Pleno de Cibeles para reclamar al alcalde José Luis Martínez-Almeida la devolución de esas sanciones.
Sanz defendió la posición del Gobierno municipal desde Madrid in Game. Insistió en que la doctrina jurisprudencial avala que este tipo de sentencias no desplieguen efectos retroactivos, independientemente de los recursos que puedan presentar los afectados. Con ese argumento, el equipo de Almeida cierra la puerta a un reintegro generalizado de las cantidades abonadas por los conductores sancionados en las zonas restringidas.
La controversia reaparece después de que el Tribunal Supremo rechazara el recurso del Ayuntamiento contra la sentencia que anuló varios artículos de la anterior Ordenanza de Movilidad relativos a las Zonas de Bajas Emisiones. Desde el Gobierno municipal subrayan que esa resolución ha quedado sin efectos prácticos tras la aprobación en marzo de la nueva ordenanza, ya en vigor, con la que el Consistorio ha rehecho el marco normativo de la movilidad en la ciudad.
El debate se centra ahora en las sanciones ya impuestas bajo la normativa anulada. Vox ha visto en la decisión judicial una oportunidad para exigir responsabilidades políticas y económicas al Ejecutivo municipal. Su portavoz en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, anunció que llevará al Pleno de la próxima semana una moción para pedir formalmente la devolución del dinero recaudado en esas multas.
La respuesta del Gobierno municipal ha sido tajante. Sanz descartó esa posibilidad al sostener que la jurisprudencia no permite aplicar con carácter retroactivo la anulación de la norma a expedientes ya firmes, salvo en aquellos casos en los que existan recursos concretos en marcha o situaciones procesales específicas que puedan dar lugar a un pronunciamiento distinto.
Con esta interpretación, el Consistorio mantiene su postura de no reintegrar las cantidades, a pesar de que la sentencia del Supremo ha dejado sin validez legal la ordenanza anterior. El Gobierno municipal considera que los conductores sancionados pueden recurrir individualmente sus multas si lo estiman oportuno, pero rechaza un reembolso automático y generalizado de todas las sanciones impuestas durante la vigencia de la normativa anulada.