El alcalde de Madrid defiende que los servicios jurídicos municipales ven motivos para presentar un recurso de casación contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
José Luis Martínez-Almeida anunció este miércoles en el Pleno de Cibeles que el Ayuntamiento presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que anula la tasa de basuras de 2025. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el gravamen por un defecto formal en su tramitación.
El alcalde respondió así a una pregunta del portavoz de VOX, Javier Ortega Smith, y defendió que el Gobierno municipal actuará siguiendo el criterio de los servicios jurídicos municipales. No se trata de una decisión arbitraria, sino de la existencia de motivos jurídicos apreciados por los técnicos del Ayuntamiento.
"El servicio jurídico nos dice que hay motivo y, por tanto, interpondremos recurso de casación contra esta ordenanza fiscal", señaló Almeida. El alcalde defendió también el trabajo de los funcionarios municipales, asegurando que realizaron una tramitación correcta del expediente. Según su criterio, la sentencia aprecia un motivo "estrictamente formal", relativo a la falta de documentación.
Almeida descartó una devolución generalizada de lo ya ingresado por la tasa. El Ayuntamiento hará "lo que dice la ley y la sentencia", afirmó, recordando que cuando los actos administrativos son firmes, no procede la devolución. La propia resolución judicial señala que no cabe devolver cantidades en aquellas situaciones firmes en vía administrativa y no susceptibles de recurso.
El alcalde insistió en que la decisión responde a criterios técnicos y legales, no a consideraciones políticas. Los servicios jurídicos municipales han evaluado la sentencia y consideran que existen argumentos suficientes para impugnarla ante la instancia superior.
La anulación de la tasa de basuras por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se produjo tras detectarse irregularidades procedimentales en su aprobación. El recurso de casación ante el Supremo es el último escalón disponible en la vía contencioso-administrativa para que el Ayuntamiento intente revertir la decisión.