El tribunal suspende cautelarmente las perforaciones tras estimar un recurso de la Asociación por la Reconciliación por riesgo de daños estructurales.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado paralizar de forma cautelar los trabajos de perforación y sondeos en el Valle de los Caídos, renombrado por el Gobierno como 'Valle de Cuelgamuros', tras considerar que estas tareas podrían causar afecciones y daños estructurales en el conjunto monumental. La medida responde a un recurso contencioso presentado por la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, que cuestionaba la legalidad de los trabajos iniciados el pasado 8 de junio.
El auto judicial fundamenta la suspensión en la condición del monumento como Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima categoría de protección patrimonial en la legislación española. Esta clasificación impone la obligación de extremar cautelas y obtener las autorizaciones sectoriales previas antes de cualquier intervención que altere el recinto. El tribunal señala que no consta la presentación de solicitudes de licencia ni de proyectos visados por arquitecto ante los servicios técnicos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, administración competente en el territorio, lo que justifica la adopción urgente de la orden de suspensión.
La resolución judicial no prejuzga el fondo del asunto y será ratificada, alzada o modificada en los próximos días una vez que la Abogacía del Estado presente sus alegaciones. El tribunal aclara que esta paralización provisional no lesiona el interés general debido a la brevedad de los plazos procesales para la comparecencia de las partes. La medida cautelar introduce un freno administrativo significativo a los planes de memoria histórica que el Ejecutivo central desarrollaba en la sierra madrileña.
Desde el Gobierno han precisado que las perforaciones geológicas constituyen únicamente una fase previa de prospección del terreno, destinada a recopilar datos imprescindibles para redactar el proyecto de resignificación definitiva del valle. Los portavoces estatales han subrayado que las obras de reestructuración propiamente dichas no se han iniciado, diferenciando claramente entre estos sondeos preliminares y las actuaciones constructivas que forman parte del proyecto diseñado por los ministerios competentes.
La intervención del TSJM evidencia las tensiones entre los objetivos de memoria histórica del Gobierno central y los requisitos de protección patrimonial y legalidad administrativa que rigen en el territorio. El tribunal ha estimado que los procedimientos seguidos presentaban deficiencias significativas en materia de licencias y autorizaciones previas, elementos que resultan imprescindibles cuando se interviene en un espacio declarado Bien de Interés Cultural.