La consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid denuncia que el Gobierno pretende mantener "repartos forzosos e ilegales" de menores no acompañados y carga contra una política migratoria que considera "temeraria" e "inhumana".
Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales, Juventud y Familias de la Comunidad de Madrid, ha advertido este viernes de que la región acudirá a los tribunales si el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en imponer nuevos traslados de menores migrantes no acompañados. Dávila considera estos traslados "forzosos e ilegales" y ha hablado en un contexto de máximo choque entre ambas administraciones, agravado por la ausencia de varias comunidades del PP en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
La consejera ha lanzado el aviso tras visitar la Residencia Solimar Carabanchel. Allí ha recordado que Madrid ya recurrió el real decreto estatal y volverá a actuar judicialmente si se mantiene lo que considera una política contraria a la ley y perjudicial para los menores.
"El Gobierno juega con las personas en situación de vulnerabilidad y trata a los menores migrantes como si fueran paquetes", ha denunciado Dávila. Ha rechazado el modelo de reubicación impulsado por el Ejecutivo central y ha reiterado que Madrid se opondrá a cualquier traslado sin respaldo jurídico suficiente.
Sobre la ausencia de la región en la Conferencia Sectorial, Dávila ha justificado la postura compartida con otras autonomías del PP: la convocatoria era "ilegal" porque el orden del día no había sido acordado previamente en la comisión correspondiente, tal como exige la normativa.
La consejera ha calificado la política migratoria del Gobierno de "temeraria" y "absolutamente inhumana", y ha vinculado esa política con las muertes en el mar. Con ese argumento, ha insistido en que el Ejecutivo regional frenará por todas las vías posibles las decisiones que considere arbitrarias o fuera del marco legal.
Dávila ha denunciado además que los menores están siendo trasladados "de forma aleatoria" e incluso "en contra de su voluntad". También ha criticado que el Gobierno central haya excluido del reparto a País Vasco y Cataluña, pese a que, según su versión, algunos menores podrían tener allí familiares.
Este reproche refleja una de las principales críticas que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso formula en esta materia: que el sistema de reubicación carece de criterios claros y equitativos entre todas las comunidades autónomas.