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La Comunidad de Madrid carga contra la regularización migratoria: "Es un caos para mantenerse en la Moncloa"
Ana Dávila denuncia colapso en servicios públicos y falta de planificación del Gobierno.
Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, ha tachado de "caos" la regularización migratoria que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez. Según la consejera, la medida responde a una estrategia política para "mantenerse en La Moncloa" y ya está generando problemas concretos en los servicios públicos madrileños.
El impacto es visible, ha denunciado Dávila: "colapso de citas en muchos recursos" y situaciones "muy complejas" en los ayuntamientos. La consejera ha criticado que el Ejecutivo central no haya consultado con las comunidades autónomas ni con los consistorios antes de aprobar la medida, y ha señalado la falta de organización y financiación que la acompaña. "Ni siquiera el Gobierno sabe a cuántas personas va a afectar", ha afirmado.
Para Dávila, se trata de una iniciativa "únicamente política" diseñada para obtener rédito electoral. La consejera ha advertido además del "efecto llamada" que genera y de cómo agrava problemas estructurales como la pobreza. "Una de cada dos personas sin hogar en España es inmigrante", ha subrayado como dato que ilustra la complejidad del asunto.
Lejos de ser "humana", como la presenta el Gobierno, esta política está provocando más desigualdad y presión sobre los servicios públicos, ha insistido la consejera. Dávila ha respaldado además el anuncio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de recurrir la medida ante la justicia, al considerar que responde a un enfoque "populista".
Dávila ha extendido su crítica al reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas. Ha denunciado que la distribución excluye "deliberadamente" a Cataluña y País Vasco, lo que a su juicio evidencia el carácter político de la decisión. "Es una decisión política más para mantenerse en el poder, sin coordinación ni financiación", ha concluido.
La consejera ha insistido en que Madrid reclama una política migratoria coordinada, financiada y que cuente con las administraciones territoriales, frente a lo que califica como improvisación del Gobierno central.
