La consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha anunciado este miércoles que no acudirá a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia al considerar que ha sido convocada "de forma ilegal" y ha acusado al Gobierno de España de querer prolongar el reparto "forzoso" de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas.
La decisión llega después de que el Ministerio de Juventud e Infancia anunciara que informaría a las autonomías sobre el número mínimo de plazas que deben tener disponibles para acoger a menores migrantes solos. Dávila enmarca esa convocatoria en un intento del Ejecutivo central de mantener un sistema extraordinario de reubicación que, a juicio del Gobierno regional, ya ha perdido respaldo legal.
"La Comunidad de Madrid no va a participar de la política migratoria temeraria de Pedro Sánchez. Por coherencia y respeto a la legalidad, hoy no asistiré a la conferencia sectorial de infancia y adolescencia convocada de forma ilegal", ha afirmado en declaraciones remitidas a los medios.
La consejera ha cargado con dureza contra el modelo impulsado por el Gobierno y ha sostenido que el Ejecutivo pretende seguir repartiendo menores "como si fueran paquetes y en contra de su voluntad". Para Dávila, esa forma de actuar resulta "inhumana" y vulnera tanto las competencias autonómicas como la dignidad de las personas afectadas.
Su argumento para no acudir es doble: la reunión fue rechazada en la comisión sectorial previa por la mayoría de las comunidades autónomas y, además, ya ha expirado el año de vigencia del decreto que daba cobertura a los traslados extraordinarios de menores, norma que la Comunidad de Madrid mantiene recurrida ante la justicia. Sin base jurídica, dice, cualquier paso en esa dirección supondría un atropello competencial.
La postura de este miércoles refuerza el enfrentamiento que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso mantiene con el Gobierno de Pedro Sánchez en materia migratoria. Esta misma semana, la Consejería remitió al Ministerio de Política Territorial y Función Pública una carta en la que avanzaba que no aceptará nuevos traslados de menores migrantes no acompañados sin cobertura legal.
En esa comunicación, dirigida al departamento que encabeza Ángel Víctor Torres, el Gobierno regional sostenía que el mecanismo extraordinario de reubicación previsto en el Real Decreto-ley 2/2025 ya carece de cobertura jurídica tras haber expirado los plazos contemplados.
Dávila ya había criticado entonces que la aplicación de ese decreto había derivado en un sistema de traslados sin coordinación con las entidades públicas de protección, sin una valoración individualizada de cada caso y sin tener en cuenta la voluntad de los menores ni su situación familiar.