Madrid rechaza haber impuesto un copago y atribuye las minoraciones a la normativa estatal de dependencia tras reconocer a los primeros 100 pacientes de Grado III+.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha negado este lunes que la Comunidad de Madrid haya establecido un copago a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica. La Administración regional atribuye al Ejecutivo central y a la Ley de Dependencia las minoraciones aplicadas en las ayudas a los pacientes más graves, tras la publicación de información que señalaba una rebaja en la subvención aprobada para los afectados clasificados como Grado III+.
Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han rechazado categóricamente que el Ejecutivo autonómico haya introducido un copago. Según la Administración madrileña, las nuevas ayudas aprobadas por el Gobierno de España se regulan mediante una normativa que obliga a realizar ajustes en función de la capacidad económica del beneficiario, del coste del servicio contratado y del cobro de otras prestaciones análogas, como las vinculadas a la gran invalidez.
La respuesta de Madrid llega tras la publicación de información según la cual el Gobierno regional habría introducido un copago para los enfermos más graves de ELA con el fin de rebajar la subvención de casi 10.000 euros contemplada en la ley. El Ejecutivo madrileño califica esa interpretación de "falsa" y de "burda manipulación".
Desde el departamento que dirige Ana Dávila sostienen que el Gobierno central vinculó estas ayudas a la contratación de servicios reglados de ayuda a domicilio o de asistencia personal sin contar con las entidades ni con las comunidades autónomas. Para la Comunidad de Madrid, ese diseño no reconoce adecuadamente la realidad de los enfermos de ELA ni la de sus cuidadores, generando una situación que requiere de una reformulación en el nivel estatal.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha defendido que su Gobierno “ha trabajado por los enfermos de ELA desde el primer día” y ha destacado la puesta en marcha de tratamientos, programas e instalaciones que ha calificado de "gran calidad" e "incomparables". La jefa del Ejecutivo madrileño ha lamentado además que se utilice este asunto con pacientes que sufren una enfermedad especialmente dura.
La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha subrayado que la Comunidad de Madrid “ha estado y está volcada” con los pacientes de ELA. Según el Gobierno regional, ya se ha reconocido a los primeros 100 afectados en situación de Grado III+ y esta semana comenzará el abono de las primeras ayudas reconocidas durante los meses de abril y mayo.
El Ejecutivo autonómico asegura que Madrid se encuentra entre las primeras comunidades en tramitar y pagar estas ayudas. Simultáneamente, insiste en que las condiciones de acceso, cálculo y minoración vienen marcadas por el marco estatal de dependencia y no por una decisión específica del Gobierno regional para imponer un copago.
La Comunidad de Madrid ha vuelto a reclamar una mayor financiación estatal en materia de dependencia. Según la Consejería, el Gobierno de Pedro Sánchez debe a Madrid más de 3.000 millones de euros por este concepto, una cifra que refleja el desfase entre lo que el Estado financia y lo que la región debe invertir en estas prestaciones.
El Ejecutivo regional sostiene que el Estado financia actualmente solo el 27,9% del coste total de la dependencia en la Comunidad de Madrid, pese a que, según defiende el Gobierno autonómico, por ley debería alcanzar el 50%. Para la Puerta del Sol, esta falta de financiación agrava la gestión de unas prestaciones especialmente sensibles y desplaza sobre las comunidades autónomas una carga económica que debería ser compartida en mayor medida por la Administración General del Estado.