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Desarticulada en Madrid una red que falsificaba contratos para regularizar extranjeros
La Policía Nacional ha logrado desmantelar una red delictiva que se dedicaba a la falsificación de contratos laborales.
Esta organización cobraba alrededor de 2.000 euros a ciudadanos extranjeros para facilitarles la obtención de permisos de residencia en España, permitiéndoles así regularizar su situación y, en algunos casos, solicitar prestaciones.
Los migrantes abonaban hasta 2.000 euros por cada contrato, además de los costes asociados a la Seguridad Social, a cambio de recibir la documentación necesaria de la empresa para tramitar la autorización del permiso de residencia y trabajo. En total, se ha detenido a once individuos que operaban de manera "estable, duradera y coordinada" en estas actividades.
Las investigaciones se iniciaron en marzo del año anterior, cuando agentes de la Policía Nacional detectaron que una empresa estaba cometiendo supuestas irregularidades con ciudadanos extranjeros para facilitarles el permiso de residencia y trabajo en España, según ha informado la Policía en un comunicado oficial.
El modus operandi de la organización
El procedimiento comenzaba con la elaboración de un precontrato laboral que, junto con la documentación de la empresa, se presentaba ante la administración para solicitar el permiso de residencia. Una vez concedido, se formalizaba el contrato y se procedía al alta de los extranjeros en la Seguridad Social, requisito indispensable para oficializar el permiso.
Tras obtener la residencia, la relación laboral entre ambas partes se daba por concluida, y los migrantes eran dados de baja tanto de la empresa como de la Seguridad Social. De esta forma, la organización no asumía ningún gasto, ya que los solicitantes cubrían los costes del contrato y del alta como trabajadores.
Conforme avanzaron las investigaciones policiales, se descubrió que el historial de la empresa registraba el alta de diez personas, todas extranjeras en situación irregular, y que actualmente solo una persona estaba dada de alta. Además, se verificó que estas personas nunca habían trabajado realmente en la empresa, evidenciando así la "nula relación laboral" entre la empresa y los supuestos trabajadores.
Ante estos hechos, la Policía procedió a la detención de once personas —seis hombres y cinco mujeres— como presuntos responsables de delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal, siendo posteriormente puestas a disposición judicial.
