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La ley de universidades de Madrid llegará a la Asamblea junto a otras ocho reformas
La nueva ley de universidades de la Comunidad de Madrid --Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades (LESUC)-- llegará "en breve" a la Asamblea junto a ocho otras reformas o normas impulsadas por el Gobierno regional o por el PP.
Así lo ha transmitido el portavoz 'popular', Carlos Díaz-Pache, después de la reunión que ha mantenido este viernes con la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de los encuentros con los grupos parlamentarios que tradicionalmente se celebra antes de empezar cada periodo de sesiones, que este año se ha celebrado por primera vez después del Debate sobre el Estado de la Región (DER).
Díaz-Pache ha incidido en la rueda de prensa posterior al encuentro en que su grupo y el Ejecutivo regional han "coordinar la acción y ver el calendario legislativo a desplegar".
Así ha citado: la ley para considerar al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar, una ley de simplificación administrativa, una ley de apoyo a la empresa familiar, la modificación de la ley del suelo, la ley de calidad de los servicios sociales, la ley de universidades, una modificación de la ley de Hacienda y los Presupuestos para 2026.
Sobre esta última, ha contrastado la Comunidad de Madrid con el Gobierno central donde el presidente, Pedro Sánchez, "tiene el poder Ejecutivo" pero "tiene un parlamento absolutamente dividido que no la prueba ningunas Cuentas".
MANFIESTACIONES
La ley de universidades se convertía en centro de la polémica en junio cuando se filtraba un borrador en el que se planteaban multas de entre 15.000 y 100.000 euros por realizar "manifestaciones no autorizadas que impidan el libre y Pacífico ejercicio de las manifestaciones que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus" o por "permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias".
Además, planteaba multas de entre 300 y 15.000 euros por "colocar pancartas o símbolos sin la debida autorización o arrancar los que hayan sido debidamente autorizados".
Entonces el Gobierno de la Comunidad de Madrid defendía que este borrador "no solo no atenta contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, sino que viene a garantizarlas". Afirmaba que el régimen sancionador "da herramientas" para poder "hacer efectiva esta autonomía y poder garantizar los derechos fundamentales, porque la autonomía universitaria consiste también en que la universdiad esté amparada legalmente".
Posteriormente presentaba a los rectores de las seis universidades públcias el borrador completo de la norma en la que se plantea un modelo de financiación dividido en tres partes: una básica, para personal e inversiones; otra por necesidades específicas, como infraestructuras; y una tercera por objetivos. Además, se plantea que las universidades públicas tendrán que "cubrir al menos el 30% del total de sus capítulos de gasto" con "fuentes distintas a las transferencias realizadas por la Comunidad de Madrid".
En la parte de objetivos, ese 30%, el borrador de la ley alude a que las universidades públicas podrán constituir "fondos de inversión u otros mecanismos financieros destinados a la obtención de recursos para el despliegue de sus actividades".
