la Presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que el Gobierno regional no se acogerá a la condonación parcial de deuda autonómica promovida por el Estado, al considerar que se trata de una medida “ilegal” y contraria al principio de igualdad entre territorios.
Durante su intervención en el Debate del Estado de la Región, la presidenta ha recalcado que la decisión se adopta “por responsabilidad y respeto a la verdad”, en defensa de una administración austera y comprometida con el interés general.
Ayuso ha advertido de que esta operación del Gobierno central constituye “una trampa para todos los madrileños y para España entera”, al premiar a las regiones más endeudadas y penalizar a las que han ejercido un control riguroso de sus cuentas públicas. A su juicio, la iniciativa no solo incentiva el despilfarro y la mala gestión, sino que además está directamente vinculada con el régimen fiscal singular que se pretende aplicar en Cataluña, lo que supone “una conexión perversa entre el cupo catalán y la condonación de la deuda”. La presidenta ha calificado esta maniobra como “el comienzo del fin de la Hacienda nacional”.
La dirigente autonómica ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de estar actuando “a espaldas del Consejo de Política Fiscal y Financiera” y vulnerando tanto la Constitución como las leyes orgánicas que regulan la financiación de las comunidades. Asimismo, ha alertado de que esta política fiscal “pone en riesgo” la autonomía de regiones como Madrid, al comprometer recursos esenciales en áreas como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia.
Ayuso ha confirmado que su Gobierno empleará “todas las herramientas a su disposición” para impedir la aplicación de esta normativa, con el objetivo de que “engorde el listado de fracasos de Pedro Sánchez”. Ha remarcado que “las deudas se pagan” y ha denunciado que, mientras cada madrileño pasará a deber 483 euros más, cada catalán verá reducida su deuda en 410 euros. “¿Cómo pueden estar provocando este enfrentamiento entre regiones, obligándonos a rendir cuentas entre nosotras?”, ha preguntado la presidenta, al tiempo que instaba a los diputados autonómicos a posicionarse “con claridad” sobre a quién defienden y a qué precio.
El Consejo de Ministros aprobó recientemente el anteproyecto de ley orgánica que contempla la condonación de hasta 83.252 millones de euros en deuda autonómica. De esa cantidad, 8.644 millones corresponderían a Madrid, lo que supondría una reducción del 24 % de su pasivo. Andalucía y Cataluña serían las principales beneficiadas de la medida, con más de 35.000 millones entre ambas. Sin embargo, varias comunidades gobernadas por el Partido Popular han manifestado ya su rechazo frontal a la iniciativa, y aunque algunas no han detallado si renunciarán expresamente a acogerse, Madrid ha sido tajante en su negativa.