La fractura institucional entre la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno en la capital se manifestará de nuevo este año con la celebración de dos actos distintos para conmemorar el Día de la Constitución, rompiendo así una tradición conjunta de más de veinte años. Ambas instituciones han confirmado que organizarán sus respectivos homenajes el próximo viernes 5 de diciembre, evidenciando la persistente falta de entendimiento entre ambas administraciones.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado que su institución organizará un acto propio, ante la decisión del Ejecutivo autonómico de no ofrecer espacio para su intervención en el evento previsto en la Real Casa de Correos. Según ha afirmado este martes, la Comunidad mantendrá este año la misma actitud que en 2024, cuando optó por modificar unilateralmente el formato tradicional del acto conjunto, lo que obligó a la Delegación a conmemorar la jornada de forma independiente.
Fuentes de ambas partes han confirmado la coincidencia de fecha para sus respectivos actos, aunque solo el Gobierno regional ha precisado ya que el suyo tendrá lugar en la sede de la Presidencia autonómica. La Delegación del Gobierno aún no ha detallado ni la hora ni el lugar del evento que prepara. La reiteración de este desacuerdo institucional aleja aún más la posibilidad de recuperar el modelo de celebración conjunta que fue la norma durante dos décadas.
La Comunidad de Madrid no ha confirmado si invitará al delegado del Gobierno al acto institucional, aunque el precedente de la festividad del Dos de Mayo apunta a una exclusión deliberada. En aquella ocasión, todos los representantes del Gobierno central fueron apartados del acto, y desde el entorno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso se justificó la decisión alegando una ruptura total de las relaciones institucionales con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Las descalificaciones entre ambas partes se han intensificado en los últimos meses, con referencias por parte del Gobierno regional a Martín como “delegado del sanchismo” y el rechazo explícito a cualquier tipo de colaboración. A su vez, el delegado ha acusado a la presidenta autonómica de ejercer el cargo únicamente en defensa propia y de su entorno, aludiendo a supuestas evidencias de irregularidades vinculadas a su gestión.