Novillo culpa a la Ley Trans de dificultar el acceso de las mujeres a los Bomberos
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha defendido este jueves los criterios físicos para acceder al Cuerpo de Bomberos y ha señalado directamente a la Ley Trans como el “principal ataque” que sufren actualmente las mujeres que desean ingresar en los cuerpos de seguridad.
En su intervención durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, Novillo ha advertido que “hay hombres más fuertes que yo, con barba, que están yendo al registro a cambiarse de sexo para poder beneficiarse de las pruebas”, lo que, a su juicio, desplaza a las mujeres de estas oposiciones.
Estas declaraciones se han producido en respuesta a la diputada de Más Madrid, Mariana Arce, quien ha reprochado al Gobierno regional la falta de impulso a políticas activas de igualdad, señalando que el plan autonómico en esta materia caducó el año pasado. Arce ha cuestionado el escaso número de mujeres dentro del cuerpo: apenas tres oficiales, nueve bomberas de base y 37 operadoras. Para su formación, mantener marcas físicas idénticas para hombres y mujeres dificulta el acceso femenino y perpetúa la desigualdad.
Arce ha propuesto introducir baremos diferenciados por sexo, como ya ocurre en otras ciudades como Oviedo o Murcia, y ha subrayado que las mujeres pueden ser particularmente útiles en situaciones que requieren cuerpos más livianos o menor consumo de oxígeno. "¿Quema el fuego distinto en Tetuán que en Getafe?", ha ironizado, poniendo en cuestión la rigidez de los criterios físicos actuales. Asimismo, ha instado al consejero a escuchar las propuestas de las bomberas que ya están en servicio y que —ha asegurado— le han trasladado personalmente sus inquietudes.
Carlos Novillo ha descartado la posibilidad de modificar las bases de la convocatoria, afirmando que esta cuestión corresponde a los técnicos del Cuerpo de Bomberos, y no a decisiones políticas. Según el consejero, las marcas mínimas establecidas no responden a un “capricho”, sino que están diseñadas para garantizar la seguridad operativa de los profesionales en intervenciones de alto riesgo. A su juicio, rebajar estas exigencias comprometería la capacidad de respuesta y pondría en peligro tanto a los efectivos como a los ciudadanos.
