La Comunidad de Madrid ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un tercer recurso contra el último decreto del Gobierno central que regula el reparto de menores inmigrantes no acompañados.
El Ejecutivo regional considera que esta normativa “vuelve a vulnerar competencias autonómicas” en materia de protección de la infancia y asistencia social, competencias que atribuye en exclusiva a las comunidades.
Este recurso se suma a los dos ya presentados previamente. El primero, del pasado 18 de marzo, se elevó ante el Tribunal Constitucional, junto a otras diez comunidades autónomas, contra el Real Decreto-ley que habilitaba el reparto. Entonces se alegó la invasión de competencias, la falta de justificación de urgencia y el uso indebido de un decreto para regular materias reservadas a leyes orgánicas.
El segundo, interpuesto el 30 de julio, cuestionaba el desarrollo normativo aprobado el 22 de ese mes por el Consejo de Ministros, que regulaba las medidas de contingencia migratoria extraordinaria para menores llegados desde Canarias.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ya avanzó este tercer recurso, al considerar que el decreto responde a acuerdos políticos con partidos independentistas y beneficia de manera particular a Cataluña y País Vasco, excluidas de los repartos. “Esto aboca a una desigualdad entre regiones, porque no se garantiza la financiación necesaria para atender a los menores”, subrayó, rechazando que la Comunidad sea “cómplice de una política migratoria fallida”.
Al margen de las acciones judiciales, el Ejecutivo autonómico ha exigido en reiteradas ocasiones al Gobierno de Pedro Sánchez la documentación utilizada para elaborar el reparto, calificándolo de “arbitrario, opaco y discriminatorio”. Para el Gobierno madrileño, el sistema rompe la igualdad entre comunidades y sobrecarga a aquellas que, como Madrid, ya denuncian estar al límite de sus capacidades en la red de acogida.