Vaciana defiende que la nueva ley de universidades blinda la autonomía y los derechos fundamentales
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha defendido este miércoles que el nuevo borrador de la Ley de Universidades regional, lejos de restringir derechos, refuerza la autonomía universitaria y ampara el ejercicio de las libertades fundamentales.
Así lo ha asegurado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, tras la publicación del borrador normativo que incluye, entre otros aspectos, un régimen sancionador frente a conductas que perturben la convivencia en los campus.
Viciana ha aclarado que la norma contempla sanciones de hasta 100.000 euros para quienes promuevan manifestaciones no autorizadas que impidan otras protestas legítimas y comunicadas, garantizando así el ejercicio Pacífico y libre de los derechos de reunión y expresión dentro de las universidades. Ha insistido en que “esta ley protege la libertad de expresión, reunión, asociación, participación y cátedra”, con el objetivo de blindar los derechos fundamentales en el entorno académico madrileño.
El consejero ha subrayado que la norma no choca con ninguna legislación estatal y que se alinea con los principios recogidos en la Ley de Convivencia Universitaria aprobada por el Gobierno central en 2022. “Este régimen sancionador da herramientas a las universidades para poder hacer efectiva esta autonomía”, ha declarado, precisando que las instituciones de educación superior necesitan apoyo normativo para ejercer sus competencias con seguridad jurídica.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha respaldado esta línea argumental a través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), asegurando que el texto busca precisamente proteger las universidades frente a injerencias e imposiciones, facilitando un entorno libre y respetuoso para todos.
La futura ley también contempla sanciones en los casos más graves, como el inicio de actividad por parte de centros sin autorización, la difusión de publicidad engañosa sobre titulaciones y la cobertura de plazas públicas sin el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos. En esa misma línea, se prevén sanciones específicas ante conductas de censura, discriminación por motivos de raza, sexo, religión u otras vulneraciones de los derechos fundamentales.
El Ejecutivo autonómico ha reiterado que esta propuesta legislativa busca modernizar y reforzar el marco de actuación de las universidades madrileñas, garantizando un equilibrio entre la libertad académica, la convivencia y el cumplimiento del ordenamiento jurídico.
