García Martín defiende que el acceso a servicios públicos de migrantes se regula "en el marco de la Constitución"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este sábado que el acceso de las personas migrantes a los servicios públicos se gestiona "en el marco de la Constitución y de la legalidad", al ser preguntado por la propuesta de Vox sobre la llamada 'prioridad nacional'.

Las declaraciones las hizo tras el acto conmemorativo del 40º aniversario del atentado de ETA en la calle Juan Bravo de Madrid. García Martín explicó que ya existen requisitos de empadronamiento para acceder a determinadas ayudas públicas en la región.

La Comunidad de Madrid exige cinco años de empadronamiento para las ayudas a la natalidad y hasta diez años en el caso de las ayudas a la compra de vivienda. "Por supuesto que ya se viene trabajando en el marco de la Constitución, en el marco de la legalidad, precisamente para que aquellas personas que han contribuido y que han cotizado puedan tener acceso a los servicios públicos en condiciones óptimas", afirmó el consejero.

García Martín subrayó que este modelo no es nuevo y que distintas administraciones públicas lo aplican desde hace tiempo. El consejero recordó además que en comunidades como Extremadura y Aragón, donde el Partido Popular ha logrado formar gobierno, serán sus presidentes quienes definan las políticas en esta materia.

"La presidenta de Extremadura va a ser Guardiola y el presidente de Aragón va a ser Azcón, que son quienes van a marcar la política en esas comunidades", indicó. García Martín defendió que las políticas del PP seguirán orientadas a mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos.