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El borrador de la nueva ley regional de universidades prevé multas por vulnerar la libertad en los campus
El borrador de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) de la Comunidad de Madrid, aún en fase de negociación, establece un régimen sancionador que contempla multas que oscilan entre los 300 euros y el millón de euros. Las sanciones más elevadas se aplicarán a quienes vulneren la libertad ideológica, de expresión o de cátedra en el ámbito universitario, incluyendo casos en los que se amparen, directa o indirectamente, formas de censura, discriminación o persecución por motivos personales, sociales o ideológicos.
El documento recoge como infracción muy grave "no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus", especificando que esto incluye el impedir la actuación legítima de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el recinto universitario. Las multas para estos supuestos oscilarán entre los 100.000 euros y un millón.
Prohibidas manifestaciones no autorizadas y ocupaciones del campus
El borrador, adelantado por el diario ‘El País’, también establece sanciones de entre 15.000 y 100.000 euros por convocar o realizar manifestaciones no autorizadas que impidan el normal desarrollo de otras actividades legítimamente convocadas en los campus universitarios. Del mismo modo, se contemplan multas para quienes permitan ocupaciones de espacios o impidan el acceso o el uso de las instalaciones académicas.
La colocación de pancartas, carteles o símbolos sin autorización también queda regulada en esta nueva normativa. Aquellos que infrinjan esta disposición, o arranquen materiales debidamente autorizados, se enfrentan a sanciones económicas que oscilan entre los 300 y los 15.000 euros.
La LESUC está siendo objeto de negociación entre la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid y los rectores de las seis universidades públicas de la región. El texto pretende dotar de un marco legal claro y actualizado a las instituciones de educación superior, que garantice tanto la libertad académica como el uso Pacífico y ordenado de los espacios comunes. Se enmarca en la voluntad del Gobierno autonómico de fortalecer la autonomía universitaria, siempre dentro del respeto a la ley y los derechos fundamentales.
