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El Informe de las Comunidades Autónomas califica 2024 como el año de la frustración institucional y la parálisis legislativa
El Informe de las Comunidades Autónomas presentado este martes en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ha calificado 2024 como el año de la “frustración”, marcado por la incapacidad para alcanzar grandes acuerdos entre administraciones y por el bloqueo definitivo de la esperada reforma del sistema de financiación autonómica. El director del estudio, Eduard Roig, ha señalado que la crispación política y la polarización han impedido incluso los consensos mínimos que antes sí se lograban.
El análisis destaca que 2024 ha sido el año no electoral con menor actividad legislativa estatal en democracia, tanto en número como en contenido de las leyes. Cataluña, País Vasco y Galicia, tres comunidades tradicionalmente activas en producción normativa, han reducido su ritmo por la celebración de elecciones. Paralelamente, ha crecido el uso del decreto-ley, lo que los autores vinculan con la inestabilidad parlamentaria del actual Ejecutivo central.
Pese a este escenario de bloqueo, el informe sostiene que el sistema autonómico ha demostrado una notable capacidad de resistencia y adaptación. Según Roig, los servicios públicos, la cooperación entre administraciones, los traspasos de competencias y el impulso a infraestructuras han seguido funcionando “de forma remarcablemente eficaz”, a pesar del enfrentamiento político creciente, especialmente visible entre el Gobierno central y las comunidades de Madrid, Andalucía y Canarias.
El estudio denuncia que la singularidad política y fiscal que se quiere reconocer a Cataluña, a cambio del apoyo parlamentario de ERC y Junts, ha enrarecido aún más el ya complejo debate sobre la financiación. La propuesta de modelo singular planteada por los independentistas carece, a juicio del informe, de concreción técnica y se presenta como un eslogan propagandístico más que como una fórmula jurídicamente viable. Además, cuestiona abiertamente su constitucionalidad y advierte del riesgo de generar una dinámica de ruptura económica dentro del Estado.
El informe destaca que la cooperación efectiva con el Ejecutivo central se ha limitado a País Vasco, Navarra, Cataluña y Canarias, en contraste con la ausencia de diálogo estructurado con la mayoría de comunidades gobernadas por el Partido Popular. En este sentido, se subraya la radicalización del conflicto político en las relaciones bilaterales entre el Estado y gobiernos autonómicos que defienden una visión distinta del modelo territorial.
En lo institucional, el informe denuncia que el Senado se ha convertido en sede de un enfrentamiento sin precedentes con el Gobierno y el Congreso. La mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Alta ha dado lugar a una dinámica de conflicto constante que ha generado un número récord de recursos ante el Tribunal Constitucional entre órganos constitucionales, alcanzando niveles inéditos en la historia democrática. El documento afirma que esta evolución ha transformado el papel del Senado, alejándolo de su función de representación territorial para asumir un rol de oposición institucionalizada a cualquier coste.
