Hacienda y la Guardia Civil sospechan que Montoro y sus socios usaron empresas pantalla para desviar fondos al extranjero

Los investigadores del conocido como 'caso Montoro' sospechan que el despacho Equipo Económico (EE), fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, habría articulado una red de empresas instrumentales para desviar fondos obtenidos presuntamente a través de su influencia política. Así lo recoge un informe de la Agencia Tributaria, remitido en diciembre de 2023 a la Fiscalía Anticorrupción, que se apoya en años de pesquisas iniciadas en 2018 y que ya han derivado en la imputación de más de treinta personas, entre ellas el propio Montoro.

Según el documento, estas empresas habrían servido para camuflar los beneficios obtenidos a cambio de favorecer a determinadas compañías, especialmente del sector energético, cuando Montoro ocupaba la cartera de Hacienda. Los investigadores señalan que parte de ese dinero podría haber acabado fuera de España, en países europeos, Estados Unidos o América Latina, utilizando para ello sociedades sin actividad real y sin medios materiales ni humanos.

El despacho fue fundado en 2006 bajo el nombre Montoro y Asociados, para rebautizarse como Equipo Económico en 2008. Inicialmente, Montoro poseía el 30% del capital, porcentaje que aumentó temporalmente al 38% tras adquirir más participaciones en octubre de 2007. Apenas dos meses después, vendió ese paquete accionarial, y en abril de 2008 transmitió nuevas participaciones a su hermano Ricardo Montoro y al ex secretario de Estado de Presupuestos, Ricardo Martínez Rico.

La Agencia Tributaria cuestiona el valor declarado en dichas transmisiones. Mientras en el IRPF se reflejó un precio de venta de 10 euros por participación, distintos informes —incluidos valores atribuidos en capitulaciones matrimoniales de 2015— sitúan el valor real en cifras hasta sesenta veces superiores. Hacienda concluye que “el valor declarado en el IRPF no se corresponde con un precio razonable de mercado”.

Un informe elaborado por los Mossos d'Esquadra en 2019 describe un entramado en el que las ganancias generadas por operaciones presuntamente ilícitas se distribuirían a través de EE, que retribuiría a sus socios con elevadas nóminas o facturas emitidas desde empresas interpuestas. Estas sociedades acumularían patrimonio de uso personal bajo apariencia profesional, deduciendo además gastos impropios. El objetivo habría sido simular márgenes de explotación contenidos en EE, mientras las ganancias reales se desviaban hacia estas firmas auxiliares con beneficios más elevados.

La UCO de la Guardia Civil, en un informe de abril de 2021, profundiza en esa misma línea, señalando pagos de EE a empresas supuestamente sin relación comercial acreditada y que podrían haber servido para canalizar comisiones por favores realizados desde el Gobierno. La posibilidad de que parte del dinero haya sido transferido al extranjero se considera "probable" por los investigadores.

Los Mossos apuntan que en 2015, coincidiendo con la aparición en prensa de informaciones críticas sobre la actividad del despacho, se produjo un repliegue empresarial. EE redujo drásticamente su cifra de negocios y traspasó su actividad a otro bufete, Global Afteli, al tiempo que se constituían nuevas sociedades interpuestas para continuar operando bajo un nuevo paraguas.

Hacienda destaca también la falta de vinculación directa de Montoro con las cuentas bancarias de la sociedad, a pesar de haber ocupado cargos relevantes en la misma, lo que considera llamativo dado el volumen y alcance de las operaciones investigadas.

Todo ello apunta, según los informes recogidos por la Agencia Tributaria y las fuerzas de seguridad, a un presunto entramado ideado para ocultar beneficios, simular operaciones y canalizar fondos hacia destinos opacos, manteniendo la apariencia de legalidad a través de maniobras societarias y fiscales cuidadosamente planificadas.