El Gobierno espera que el proceso de estabilización de interinos sea el último
El Gobierno ha aprobado un decreto ley con medidas para reducir la temporalidad del sector público por debajo del 8 %, que incluyen "un último proceso de estabilización" con la convocatoria de 300.000 plazas estructurales ocupadas por personal temporal.
La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado este martes que este decreto fija "una duración máxima de 3 años a la relación de interinidad entre trabajador y empresa, con la obligación de convocar de la plaza que se esta ocupando provisionalmente".
De esta forma, recoge la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, para especificar las causas y el término del nombramiento del personal interino, mejorar la definición de la figura del personal funcionario interino, definir todas las causas que pueden revocar el contrato y equiparar sus derechos con los del funcionario.
Montero ha confiado en que, con los cambios en la normativa, este proceso de estabilización sea el último que necesite el sector público: "Siempre decimos que va a ser el último, en esta ocasión esperemos que así sea".
El plan es convocar, antes del 31 de diciembre de 2024, las 300.000 plazas estructurales ocupadas por personal interino que hayan cumplido tres años a fecha de 31 de diciembre de 2020 en esta situación de temporalidad.
En estos procesos selectivos, el sistema de selección será el de concurso-oposición, pudiendo alcanzar la fase de concurso un 40 % de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente.
Para aquellos trabajadores interinos que no la superen, ha añadido Montero, se establece una compensación equivalente a 20 días por año trabajado, al tiempo que podrán incorporarse en Bolsas de interinos específicas o ya existentes.
EL SECTOR PÚBLICO QUIERE SER EJEMPLAR EN EL USO DE LA TEMPORALIDAD
La portavoz del Gobierno ha explicado que esta reforma "urgía en nuestro país porque sector público tiene que ser ejemplar en el uso de la temporalidad" y ha considerado que, también en el privado, el empleo fijo debe ser "la tónica general", dejando el temporal "para cuestiones estructurales".
Montero ha señalado que "el mapa de la temporalidad en España es asimétrico y habitualmente son las administraciones autonómicas, debido a la prestación de los servicios sanitarios y educativos, las que tienen una mayor temporalidad, por lo que la norma pretende dar respuesta a ese elenco de realidades distintas".
La Encuesta de Población Activa (EPA) del INE establece la tasa de temporalidad en el sector público a cierre del primer trimestre en el 30,4 %, con un total de 1 millón de trabajadores temporales frente a 2,4 millones de empleados fijos.
El boletín estadístico de personal al servicio de las Administraciones Públicas baja esa cifra a 2,7 millones de empleados públicos a enero de 2021, de los que el 53,3 % es personal funcionario de carrera, pero sin distinguir del resto a los temporales de los fijos.
LOS SINDICATOS APLAUDEN EL ACUERDO
Esta normativa responde a un plan para atajar la temporalidad en el sector público, acordado con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, y consensuado con las comunidades autónomas.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado "altamente positivo" el plan y ha subrayado que establece un "equilibrio entre el derecho de los trabajadores interinos que llevan 30 años en la Administración con el de todos los ciudadanos a tener igualdad de oportunidades de acceso y garantizar unos conocimientos adecuados".
En una entrevista en Onda Cero, el presidente del sindicato CSIF, Miguel Borra, ha advertido de que aquellas administraciones que no saquen las ofertas de empleo público van a tener sanciones.
Por otro lado, ha planteado la posibilidad de que, de cara a unas futuras oposiciones, cambie la metodología y ha abogado por pruebas no eliminatorias, por reducir el número de exámenes y por adecuar estas prueba al trabajo al que se van a presentar.
