La Fiscalía acusa al exalcalde de Navalcarnero de prevaricación

La Fiscalía solicita diez años de inhabilitación por adquisiciones realizadas sin procedimiento legal entre 2006 y 2009.

La Fiscalía de Madrid solicita diez años de inhabitación para el exalcalde de Navalcarnero Baltasar Santos por la adquisición durante tres años de antigüedades que abonaba con facturas fraccionadas que no alcanzaban el límite legal para los contratos menores, que es de 18.000 euros. El representante del Ministerio Público le imputa un delito continuado de prevaricación. El juicio se celebrará el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.

Según el escrito de la Fiscalía, entre los años 2006 y 2009 el acusado, en su condición de alcalde de Navalcarnero, decidió realizar sucesivas compras a una empresa de antigüedades para adquirir diversas piezas singulares y antiguas, elaboradas en piedra natural de granito, que datarían de entre los siglos XII a XIX. Dichas compras se realizaron de forma directa y personalmente por el entonces alcalde en cuatro ocasiones: la primera en el año 2006 en las propias instalaciones de la empresa, y las otras tres en ferias de antigüedades (Feriarte 2007, Almoneda 2008 y Feriarte 2009).

Tras la selección de las piezas, el exalcalde fraccionaba algunas de las facturas al objeto de no alcanzar el límite legal para los contratos menores de suministros. No obstante, "muchas de las piezas superaban con creces dicha cuantía". A pesar de que las compras se realizaron entre 2006 y 2009, la emisión de facturas se posponía al momento en que el Ayuntamiento daba la orden para su emisión y por el importe que se indicaba.

Así, Antigüedades Fernández presentó facturas desde el 4 de agosto de 2014 al 31 de diciembre de 2014, casi todas ellas por importe inferior a 18.000 euros. El interventor accidental del Ayuntamiento, con fecha 10 de abril de 2015, emitió certificado reconociendo las deudas de las facturas por un importe de 734.571 euros.

Dichas adquisiciones se realizaron por el alcalde mediante contratación verbal y no llevó a cabo expediente alguno por el que se aprobara el gasto y se incorporasen las facturas, según los hechos denunciados por la Fiscalía.