Cuatro acusadas de apropiarse de 79.000 euros de una comunidad de vecinos en Madrid

La Fiscalía de Madrid pide cuatro años de prisión para cuatro mujeres acusadas de apropiarse presuntamente de cerca de 79.000 euros de una comunidad de propietarios de Madrid entre febrero de 2015 y abril de 2019.

El Ministerio Público las acusa de un delito continuado de apropiación indebida, en concurso de normas con un delito de administración desleal. En cuanto a la responsabilidad civil, solicita que las dos primeras acusadas indemnicen solidariamente a la comunidad en 78.879,76 euros, mientras que las otras dos deberán responder solidariamente con ellas por 14.395,13 euros.

Según el escrito de acusación, dos de las procesadas, que ejercían como presidenta y tesorera de la comunidad, realizaron disposiciones bancarias en efectivo de la cuenta comunitaria por importe de 61.106,58 euros que no habrían sido justificadas, actuando "con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito en perjuicio de la comunidad".

Las mismas acusadas ordenaron además transferencias bancarias por un total de 17.773,18 euros, usando como beneficiarias empresas proveedoras reales de la comunidad que, sin embargo, no eran titulares de las cuentas a las que habría ido a parar el dinero. De esas operaciones, 40 transferencias por un importe de 14.395,13 euros habrían acabado en cuentas de otras dos acusadas, que, según el Ministerio Público, actuaron en connivencia con las anteriores.

La acusación atribuye a las cuatro acusadas el mismo ánimo de obtener un beneficio económico ilícito. Señala además otras transferencias por importes de 740,95 euros y 228,20 euros a terceras personas, a quienes considera partícipes a título lucrativo, aunque precisa que no consta que una de ellas conociera el origen ilícito del dinero.

Los hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida, previsto en los artículos 253, 249, 250.1.5 y 74 del Código Penal, en concurso de normas con un delito de administración desleal. La Fiscalía considera autoras a las cuatro acusadas.

No obstante, el Ministerio Público aprecia en todas ellas la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, dado que la tramitación de la causa estuvo paralizada entre el 25 de mayo de 2022 y el 8 de junio de 2023 por razones no imputables a las acusadas.

En consecuencia, la Fiscalía solicita para cada una cuatro años de prisión, una multa de diez meses con una cuota diaria de 12 euros, responsabilidad personal subsidiaria de 30 días e inhabilitación especial para votar en elecciones como candidata, además del pago de las costas.

El escrito reclama también que las dos primeras acusadas indemnicen con 740,95 euros y 228,20 euros, respectivamente, a otras dos personas consideradas partícipes a título lucrativo en los hechos delictivos.

El juicio se celebrará mañana en la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid.