Orden de busca y captura contra la principal acusada de una macroestafa de viajes VIP para MotoGP

La Fiscalía reclama más de 730.000 euros y penas de hasta nueve años de cárcel

La Audiencia Provincial de Madrid ha emitido una orden de busca y captura contra Ana María O., principal acusada en una presunta macroestafa de viajes y paquetes VIP para asistir a carreras del Mundial de MotoGP. La procesada no comparecía al arranque del juicio esta semana, lo que obligó al tribunal a acordar su búsqueda y detención para garantizar su presencia en la vista oral. Su pareja, Eduardo, también imputado en la causa, está previsto que declare el próximo miércoles.

Según la acusación de la Fiscalía de Madrid, ambos idearon “un entramado para captar clientes utilizando una falsa imagen de solvencia empresarial y supuestos vínculos con grandes compañías del sector turístico y del motociclismo”.

La investigación revela que la pareja operaba a través de la agencia Aupa Travel S.L. para comercializar supuestos paquetes exclusivos en grandes premios internacionales como Silverstone o Misano. Estos paquetes incluían vuelos, alojamiento en hoteles de lujo, entradas VIP y seguros de cancelación.

Ana María O. cultivó durante años la imagen de empresaria de éxito, ostentando supuestas relaciones con la familia Hidalgo, propietaria de Globalia, y con Dorna Sports, organizadora del campeonato mundial.

En la primera sesión del juicio declararon varios perjudicados, entre ellos empresarios y particulares que afirmaron haber entregado cantidades significativas de dinero convencidos de que adquirían experiencias exclusivas vinculadas al campeonato.

Uno de los afectados testificó ante el tribunal que llegó a abonar más de 500.000 euros para distintos viajes destinados a clientes de su propia empresa.

El perjudicado relató que la pareja exhibía documentación con sellos de Globalia y aseguraba que los seguros contaban con el respaldo de AXA, lo que reforzaba la apariencia de legitimidad de las operaciones.

Los viajes nunca se realizaron y el dinero entregado jamás fue devuelto. Posteriormente, algunos afectados recibieron certificados de deuda, aunque ninguno logró recuperar sus fondos.

La Fiscalía sostiene que los acusados aprovecharon la cancelación de eventos durante la pandemia para continuar extrayendo fondos de las víctimas. Tras la suspensión de las carreras en 2020, Ana María O. solicitó nuevos pagos alegando supuestos gastos de cancelación, trámites con aseguradoras, “timbres” o incluso gestiones vinculadas al Banco de España.

Algunos perjudicados llegaron a abonar cantidades adicionales en concepto de IRPF para desbloquear indemnizaciones que nunca se materializaron.

El Ministerio Público considera que toda esta operativa formaba parte de una estrategia deliberada para seguir captando dinero sabiendo que no sería reintegrado.

La Fiscalía reclama más de 730.000 euros para las víctimas y solicita nueve años de prisión para Ana María O. y siete años para su pareja.

Además, pide una multa cercana a los 2,9 millones de euros para la sociedad mercantil Aupa Travel S.L.