El Ayuntamiento de Navalcarnero termina de pagar la deuda de más de dos millones a residencias

 

El Ayuntamiento de Navalcarnero se ha puesto al día en el pago de facturas atrasadas a las empresas concesionarias de la gestión de las dos residencias municipales, "que el anterior Gobierno municipal había dejado de pagar".

Concretamente, el Consistorio ha tenido que pagar con sus recursos ordinarios entre junio de 2015 y octubre de 2020 a las empresas que gestionaron las residencias un total de 2.069.456,68 euros más intereses por servicios prestados con anterioridad a julio de 2015, "a pesar de que el dinero para esos pagos fue ingresado por la Comunidad en las arcas municipales en sus meses correspondientes, siendo desviado por el Gobierno del PP a otros menesteres".


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Además, han asegurado que el Gobierno de Baltasar Santos solicitó al Estado, a través de los mecanismos de pago a proveedores de los años 2012 y 2013, el dinero para pagar a las empresas concesionarias, certificando con ello una desviación de las subvenciones recibidas por la Comunidad de Madrid cuyo destino finalista era para el pago de las residencias.

En este sentido, la empresa Residencia Navalcarnero pudo cobrar a través del Ministerio un total de 2.514.221,07 euros de facturas anteriores a junio de 2013. Este presunto fraude en subvenciones forma parte de una de las querellas que se interpuso en 2014 y que se instruye en el Juzgado número 6 de Navalcarnero.

El Ayuntamiento ha señalado que tuvo de hacer frente con sus recursos a distintas sentencias que fueron llegando desde el año 2016 por las que se condenó al Consistorio. Concretamente, 45.148 euros en concepto de intereses de demora a Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz, 167.860 euros más intereses en concepto de facturas impagadas entre marzo y junio de 2013 a Morala Torrado S.L., 181.773 euros más intereses en conceptos de facturas impagadas entre junio y diciembre de 2015 a la empresa Aralia.

TAMPOCO SE PAGABA EL CÁTERING PARA LA COMIDA DE LOS RESIDENTES

Como consecuencia de los impagos, una de las empresas dejó de prestar el servicio en una de las residencias y se hizo cargo del mismo el propio Ayuntamiento hasta nueva adjudicación, si bien, las comidas se encargaban a una empresa.

Estas comidas tampoco fueron pagadas por el Consistorio entre enero y mayo de 2014. Ello motivó, según señala el Consistorio, una nueva demanda de Servicios hosteleros Marín S.L, por la que el Ayuntamiento fue condenado en 2016 a pagar 71.906 euros, incluidos intereses y costas.

Pero los impagos a diferentes empresas gestoras de residencias se continuaron acumulando entre mayo de 2013 y junio de 2015, ya que, paralelamente, el Gobierno de Baltasar Santos continuó desviando -a nóminas, cuevas y granito- el dinero que la Comunidad de Madrid ingresaba en las arcas municipales para el pago a residencias, "dejando facturas impagadas a diversas empresas concesionarias de la gestión de las dos residencias municipales", añade el actual Gobierno local.

En concreto, se dejó sin pagar un montante de 954.918 euros a Residencial Navalcarnero y de 647.848 euros a Sanivida S.L. El Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Hacienda, realizó acuerdos de pago mediante fraccionamientos, evitando con ello demandas judiciales de las empresas, el pago de intereses y costas que hubieran conllevado las sentencias.

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