Los funcionarios, MUFACE y el ministro
A Óscar López le ha colocado hace poco Pedro Sánchez al frente del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, convencido de sus conocimientos técnicos, su experiencia y su valía personal y profesional.
No en vano ha sido director de su Gabinete, presidente de Paradores, senador, diputado, secretario de Organización del PSOE, portavoz en la Comisión de Control de RTVE y en las Cortes de Castilla y León, secretario general del PSOE de Castilla y León, analista político y contertulio. Un currículo impecable.
Se entiende que el Ministerio que le ha asignado no le va a dejar un minuto libre, porque si algo exige un cambio estructural y social radical es la transformación digital de un país que lleva mucho retraso y de una función pública que necesita una reforma no sólo tecnológica sino conceptual y estructural también radical. Una Administración que funcione, sin duplicación de funciones, con medios, profesionalizada, rápida, eficiente y mucho menos burocrática. La transformación tecnológica la están haciendo las empresas privadas y no la Administración, excepción hecha de la Agencia Tributaria que funciona desde hace años con una perfección casi absoluta. Se ha intentado mucho después con la Seguridad Social, con la Justicia y con algún otro sector, pero los resultados son todavía, como las antiguas fincas de riego, manifiestamente mejorables.
El ministro se ha desayunado antes de empezar a pensar en cómo afrontar sus grandes retos, con un problema y con una oportunidad. El problema es Muface, la sanidad de un millón y medio de funcionarios que la reciben a través de un convenio con entidades privadas que la prestan con una calidad satisfactoria y con un coste para las arcas del Estado significativamente más bajo que lo que cuesta un paciente en la sanidad pública: 1.900 euros coste por paciente en la pública, 1.300 en MUFACE. Las empresas privadas se niegan ahora a aceptar las insuficientes condiciones que les ofrece el Estado, a pesar de una subida significativa, porque afirman que en los últimos tres años han perdido unos 200 millones de euros. Y los profesionales de la sanidad están hartos de cobrar una miseria por cada visita o acto médico.
Si se rompe el concierto, la sanidad pública, ya desbordada, multiplicará ad infinitum las listas de espera, aumentará la ya inaceptable carga de trabajo de los profesionales y bajará la calidad. En suma, se instalaría en el caos. La ministra de Sanidad, que no se sabe para qué está donde está después de haber sido otra víctima de Díaz Ayuso, si pudiera no sólo acabaría con MUFACE sino también con toda la sanidad privada. Le parece que esta es una oportunidad magnífica porque si se rompe el convenio y se provoca el caos en la sanidad privada, como las competencias son de las autonomías y en la mayoría gobierna el PP, cuanto peor le vaya, mejor para ellos. Ahora se ha abierto un compás de espera y de negociación, aunque ya se anuncian movilizaciones y alguna compañía ya ha anunciado que el 31 de enero dejará de prestar el servicio a sus pacientes, lo que ha provocado el pánico entre quienes pueden perder sus médicos de cabecera, sus especialistas o sus hospitales de referencia. ¿Ganará el sentido común o se consolidará el fraude de ley que supone no dotar una prestación de forma suficiente? No sólo es en la sanidad, también en la educación concertada.
Pero la oportunidad para Óscar López, sobrepasado por el trabajo que le exige su Ministerio, es ponerse al frente del PSOE en Madrid, una vez que han forzado a Lobato a dimitir, y prepararse para ser, posiblemente, una nueva víctima de Díaz Ayuso. La batalla de Madrid, que para Sánchez parece más importante que la que tiene con Feijóo, va a exigir a López que ponga en segundo plano su tarea en el Ministerio y apunte todos los cañones contra el edificio de la Puerta del Sol. Casi siempre que pasan estas cosas, los que pierden son los ciudadanos, Pero eso no es lo prioritario para muchos políticos. La transformación digital de España, la reforma de la función pública con años por delante -Sánchez ha prometido seguir hasta 2027 y más- y los funcionarios de MUFACE pueden esperar. Madrid bien vale una guerra sin cuartel.
