En Bélgica, país que acoge la capital de la Unión Europea, la semana arrancó con la noticia de la dimisión del primer ministro (Bart De Wever) tras fracasar en las negociaciones para sacar adelante un acuerdo presupuestario. Igual que aquí. Aquí hemos estado toda una legislatura sin que el Gobierno 'progresista' de Pedro Sánchez fuera capaz de presentar las cuentas del Estado, lo que obligó a prorrogar hasta en tres ocasiones el último Presupuesto. Tan flagrante incumplimiento del mandato constitucional (art. 134) ya es leche derramada porque las Cortes están disueltas y las elecciones tienen fecha, pero no deja de ser un síntoma de la variada cosecha de anomalías a las que han intentado acostumbrarnos desde La Moncloa. Siempre eludiendo asumir las responsabilidades políticas por sus actos.
El último, el trágico accidente de Urda: 69 fallecidos y un centenar largo de heridos. Que, a la luz de los fallos por falta de mantenimiento detectados en las infraestructuras ferroviarias por las que circulan los trenes de alta velocidad, el responsable máximo de la gestión, Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, no haya presentado la dimisión es un escarnio. Un escarnio doblado de desprecio a las víctimas, acerca de cuyo dolor se permitió la frivolidad de especular sobre el grado de estrés que su dimisión podría rebajar en el ánimo de los familiares. Como periodista, lamento que ninguno de los colegas asistentes a la rueda de prensa le afeara semejante dislate. Porque hubo más: el más descarnado, por interesado, señalar a uno de los controladores como presunto responsable del accidente, pero pasando de puntillas sobre los frecuentes fallos de los diferentes sistemas encargados de la monitorización del movimiento de los trenes.
Que Pedro Sánchez le haya pedido a Puente que siga impide que nos tomemos en serio cualquier anuncio acerca de la mejora del servicio ferroviario que depende del Estado. No son opiniones, son los hechos los que explican el porqué los usuarios hemos perdido la confianza en Adif, en Renfe y en quienes gestionan en la actualidad la compañía. Por no hablar de la desconfianza en quienes la han colonizado políticamente.
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