La Consejería de Patrimonio sostiene en la Asamblea que las actividades en Santa María la Real de Valdeiglesias son compatibles con la protección del monumento, mientras Más Madrid cuestiona el control real sobre los usos permitidos en este Bien de Interés Cultural.
La Comunidad de Madrid ha defendido este viernes en la Asamblea que los actos culturales celebrados en el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, en Pelayos de la Presa, son compatibles con la conservación del monumento. El Gobierno autonómico ha destacado una inversión de más de 2,5 millones de euros desde 2010 en su protección, en respuesta a las críticas de Más Madrid sobre el control de usos en este enclave del siglo XII, declarado Bien de Interés Cultural en 1984.
El debate ha tenido lugar en la Comisión de Cultura de la Cámara regional. Bartolomé González, director general de Patrimonio y Cultura de la Oficina del Español, ha respondido a la diputada de Más Madrid Alicia Torija: "La respuesta es sencilla, sí", ha asegurado al inicio de su intervención sobre la compatibilidad de esas actividades con la protección del bien.
González ha defendido el compromiso del Ejecutivo autonómico con el monasterio. Desde 2010 se han invertido 2.509.000 euros en estudios, restauraciones arquitectónicas, consolidaciones estructurales, accesibilidad y catalogación. Según su criterio, la puesta en valor del patrimonio cultural, cuando se realiza de forma ordenada, controlada y respetuosa, es esencial para garantizar su protección a largo plazo.
La controversia se ha centrado en el protocolo que regula los usos permitidos. Torija ha criticado la "ambigüedad" de las respuestas del Ejecutivo y ha afirmado que hace menos de un mes le trasladaron que ese documento no existía. Ha reclamado aclaraciones sobre su contenido, quién lo redacta y el papel de la fundación gestora y el Ayuntamiento.
González ha explicado que existía un documento anterior que había caducado y ya ha sido renovado. El nuevo protocolo ha sido elaborado por la Dirección General de Patrimonio en colaboración con técnicos municipales y la fundación gestora del monasterio, y fija el marco regulador de los usos en este espacio histórico.
Según ha expuesto González, el protocolo solo autoriza actividades que cumplan determinadas condiciones: carácter temporal de los eventos, control de aforos y recorridos, ausencia de riesgos para los elementos originales del monumento y coherencia con su valor histórico y artístico.