
En un escrito a la Audiencia Nacional, la expresidenta sostiene que la Guardia Civil no encontró indicios de que conociera presuntas contraprestaciones.
La expresidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) Isabel Pardo de Vera ha negado que conociera la existencia del presunto cobro de «comisiones o contraprestaciones» por parte de empresas por el supuesto amaño de obras públicas, al tiempo que ha calificado como «inverosímil» que tuviera capacidad de favorecer a determinadas empresas.
Lo ha trasladado en un escrito en el que la expresidenta de Adif arroja una versión alternativa a las tesis del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apuntalaron su imputación en la causa abierta en la Audiencia Nacional sobre supuestos amaños de obra pública a cambio de comisiones ilegales, una de las ramas del 'caso Koldo'.
En el escrito remitido al juez instructor Ismael Moreno, Pardo de Vera niega que tuviera «capacidad autónoma, directa y eficaz para favorecer a determinadas empresas en contratos de obra ferroviaria, al margen o encima de la cadena ordinaria de informes, controles» u «autorizaciones» que «integran tales expedientes».
«La condición de presidenta de Adif permite intervenir institucionalmente en determinados actos de aprobación, elevación, firma orgánica o autorización procedimental. Pero esa intervención institucional no equivale a capacidad material para predeterminar adjudicatario o puntuar oferta», argumenta.
Señala que la UCO articula buena parte de su relato sobre supuestas contraprestaciones económicas vinculadas a determinadas adjudicaciones de obra pública. Sin embargo, alega que los agentes sitúan estas supuestas contraprestaciones «en terceros o entornos empresariales ajenos» a ella.
«No se identifica flujo patrimonial hacia ella, sociedad interpuesta, cuenta, bien, pago, promesa o ventaja económica asociada a su persona. Ni siquiera se refleja el menor indicio de que conociera la existencia de esas pretendidas contraprestaciones», manifiesta.
La expresidenta de Adif aduce que las referencias a su persona en boca del exasesor ministerial Koldo García, condenado por el 'caso mascarillas' e imputado también en esta causa, «no alteran esa conclusión». «Más allá de preguntas, insinuaciones o expresiones de Koldo García, las respuestas de Isabel Pardo de Vera son evasivas, no revelan compromiso de resultado, orden de adjudicación, ni aceptación de una finalidad ilícita», añade.
Pardo de Vera alude a una conversación entre Koldo y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en la que el exasesor ministerial escribió: «A Jose le dijo, ¿a qué quieres que ayudemos? (...) hizo todo lo contrario, bloqueó». La expresidenta sostiene que «Koldo no describe a Pardo de Vera como colaboradora eficaz ni como alguien que accediera a sus pretensiones, sino como una persona frente a la que expresa frustración precisamente porque no habría facilitado aquello que se le pretendía atribuir».
En el escrito, Pardo de Vera solicita que el juez emita un oficio a Adif para que el gestor ferroviario aporte al juzgado el informe de certificación final de los trabajos ejecutados por Levantina de Ingeniería y Construcción (LIC), una de las empresas investigadas. La expresidenta argumenta que de un presupuesto inicial de 489.300 euros, Adif reconoció a la contrata 373.405,45 euros por los «trabajos efectivamente ejecutados».
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