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La Audiencia Nacional amplía a 2025 la investigación sobre gastos del PSOE
El juez Pedraz extiende el análisis de pagos, facturas y viajes del partido hasta el próximo año
La Audiencia Nacional ha ampliado esta semana su investigación sobre los gastos del PSOE desde la llegada de Pedro Sánchez a la dirección, incluyendo ahora también los efectuados durante 2025, que se suman al período 2017-2024 que ya estaba bajo examen.
El juez Santiago Pedraz ordenó el miércoles a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ejecutar un requerimiento de documentación en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, dentro de la causa abierta sobre la presunta trama dirigida a desestabilizar procedimientos judiciales que afectan tanto al partido como al Gobierno.
La operación se extendió durante aproximadamente doce horas. Durante ese tiempo, los agentes solicitaron "información detallada" sobre los gastos de la formación, así como el Programa de Cumplimiento Normativo vigente, según consta en el auto del magistrado.
Pedraz exigió que se aportara de forma íntegra el plan de prevención de delitos aplicable en el PSOE durante 2024 y 2025, además de que se identificara al responsable de supervisar su cumplimiento.
Respecto a los gastos, el juez requirió información sobre el procedimiento interno utilizado en esos años para autorizar desembolsos y realizar pagos. La investigación se fundamenta en la sospecha de que fondos del partido habrían sido destinados a financiar actividades de una supuesta red que buscaba obtener información comprometida sobre jueces, fiscales y guardias civiles con el propósito de desactivar distintas causas.
Pedraz solicitó que el PSOE entregara las facturas presentadas para el abono de gastos, con identificación completa de todas las personas que intervienen en el proceso, su cargo, funciones y dependencia jerárquica, así como el documento que regula internamente la tramitación y el pago de facturas.
Entre la documentación reclamada figuran los gastos de viajes de los presuntos implicados, incluyendo cómo se solicitan, qué personas o departamentos los tramitan, quién los autoriza, con qué cuentas o partidas se abonan y si participa alguna compañía externa de gestión de viajes.
El magistrado también pidió información sobre si esos gastos son anticipados por la entidad o presentados posteriormente para su reembolso, así como si su gestión ordinaria corresponde a las secretarías de cada departamento u otros órganos de la estructura interna.
Además, reclamó el procedimiento interno para el abono de gastos institucionales, como comidas, taxis u otros similares, con el objetivo de conocer cómo se auditan, justifican y registran en la contabilidad del partido.
En este punto, el auto señala especialmente a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, a quien sitúa como presunto cabecilla de la trama, y a la exmilitante socialista Leire Díez, a quien identifica como supuesta coordinadora y ejecutora de los planes investigados.
El PSOE, que sostiene que colabora con la Justicia desde hace un año mediante la aportación de la documentación requerida, niega "con rotundidad" haber “ordenado, amparado o cooperado” en las conductas delictivas que señala el auto del juez Pedraz. La formación también se queja de que existan “dos procedimientos sobre los mismos hechos”.
La investigación sobre los gastos del PSOE no se circunscribe únicamente a esta causa. El juez Ismael Moreno abrió una pieza separada en el caso Koldo, declarada bajo secreto, con la información reclamada al partido sobre sus pagos en metálico entre 2017 y 2024.
El PSOE entregó en diciembre un pendrive que contenía el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados durante esos años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes de la organización.
Moreno abrió esa pieza separada ante la sospecha de que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el PSOE para devolver gastos anticipados y blanquear dinero procedente de sus presuntas actividades ilegales.
La Fiscalía Anticorrupción apuntó en esa pieza a un posible delito de desfalco contra la formación política, entre "otras irregularidades", en una investigación que continúa bajo secreto de sumario.
