El docente ha reconocido los hechos contra tres subordinadas y alegó trastorno bipolar para lograr una rebaja de la condena inicial.
Un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid ha aceptado este martes en la Audiencia Provincial de Madrid una condena de cuatro años y medio de prisión por delitos de acoso sexual, agresión sexual y abuso sexual cometidos contra tres subordinadas. El reconocimiento de los hechos y la alegación de padecer un trastorno bipolar que afectaba parcialmente a su capacidad de control permitieron reducir significativamente la pena solicitada.
El juicio se resolvió mediante un acuerdo de conformidad entre el Ministerio Fiscal y la defensa, una fórmula que permite evitar la celebración completa de la vista cuando el acusado admite su responsabilidad y las partes pactan una pena que debe reflejarse en la sentencia. Esta modalidad de resolución agiliza el proceso judicial al prescindir del desahogo de pruebas.
La Fiscalía había solicitado inicialmente trece años de prisión, considerando acreditados varios delitos de naturaleza sexual cometidos en el marco de la relación docente y de subordinación existente con las víctimas. Sin embargo, el reconocimiento de los hechos y la aplicación de atenuantes redujeron la pena pactada hasta los cuatro años y medio de cárcel, una rebaja sustancial respecto a la petición original.
Dos circunstancias atenuantes fundamentaron esta reducción. La primera fue la reparación del daño, al haber indemnizado el acusado a las víctimas. La segunda se basó en la alteración psíquica derivada del trastorno bipolar que, según la defensa, padece el profesor y que habría afectado parcialmente a sus capacidades volitivas y de control de impulsos en el momento de los hechos.
El abogado defensor sostuvo ante el tribunal que la enfermedad mental del acusado es "grave" e "incurable". Para reforzar esta argumentación, presentó un informe pericial psiquiátrico detallando las patologías mentales del profesor y el tratamiento médico al que está sometido, buscando justificar la necesidad de medidas alternativas a la prisión efectiva.
La defensa solicitó también la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, argumentando que el estado de salud mental del condenado aconsejaría una medida distinta al ingreso efectivo en un centro penitenciario. Esta petición busca que el profesor cumpla la condena bajo supervisión en libertad, en lugar de ingresar en prisión.
El acusado deberá someterse en los próximos días a un nuevo examen médico forense. Este reconocimiento permitirá a los magistrados valorar con mayor precisión el alcance real de su enfermedad y decidir si procede conceder la suspensión de la condena o si debe ingresar efectivamente en prisión para cumplir la pena impuesta.
En relación con la primera víctima, el acuerdo contempla una condena por acoso sexual de ocho meses de multa, con una cuota diaria de ocho euros, además de cuatro años de prisión por un delito continuado de agresión sexual. Esta pena refleja la gravedad de los hechos cometidos contra esta subordinada.
Respecto a las otras dos afectadas, el profesor ha sido condenado también por delitos de acoso sexual, agresión sexual y abuso sexual. Por estos hechos se le impone, entre otras penas, una condena de seis meses de prisión, diferenciándose de la pena más severa impuesta por los hechos contra la primera víctima.
La sentencia incluirá además una medida de libertad vigilada durante cinco años, destinada a controlar y supervisar la conducta del condenado una vez cumplida la pena privativa de libertad. Se le impondrá también la inhabilitación para ejercer como profesor durante tres años, lo que le impedirá desempeñar funciones docentes en centros educativos o universitarios durante ese período, una medida que busca proteger a la comunidad académica de futuros riesgos.