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Luis Lorenzo será juzgado en Madrid por presunto maltrato a una familiar
La Fiscalía pide seis años de cárcel para el actor y su exmujer por hechos relacionados con una anciana que falleció en 2021 en Rivas-Vaciamadrid.
El actor Luis Lorenzo y su exmujer, Arantxa Palomino, serán juzgados a partir del 1 de junio en la Audiencia Provincial de Madrid por presunto maltrato a una familiar. Según la acusación, habrían aislado a la mujer de forma "sistemática" desde mayo de 2021, sometiéndola a un "trato vejatorio" mientras controlaban su patrimonio hasta su fallecimiento el 28 de junio de ese mismo año.
El juicio se extenderá durante toda la semana. La Fiscalía solicita seis años de prisión para ambos acusados, mientras que la acusación particular eleva la pena a diez años y seis meses para Lorenzo y once años para Palomino. La defensa, representada por el letrado Juan Gonzalo Ospina, pide la absolución de los acusados.
Según el fiscal, la pareja mantuvo a la anciana incomunicada y le dispensó un trato "absolutamente vejatorio", privándola de cuidados y atenciones básicos. Además, sostiene que no le suministraron la medicación conforme estaba pautada.
En marzo de 2025, la jueza dictó auto de apertura de juicio oral contra Luis Lorenzo por la presunta comisión de varios delitos: contra la integridad moral, administración desleal continuada, estafa agravada, detención ilegal, coacciones y maltrato habitual en el ámbito familiar.
Arantxa Palomino fue procesada por los mismos delitos, además de un presunto delito de falsedad documental. El procedimiento incluyó también a una cuidadora, acusada de posibles delitos contra la integridad moral, detención ilegal, coacciones y maltrato.
La acusación particular sostiene que Lorenzo y Palomino engañaron a la tía de esta última para que viajara desde Grado, donde vivía de forma autónoma e independiente, hasta la vivienda de la pareja en Rivas-Vaciamadrid. Según este relato, lo hicieron con intención de utilizar su dinero y apropiarse de su patrimonio.
El escrito de la familia afirma que, una vez en Rivas, Arantxa Palomino realizó llamadas a distintos médicos ofreciendo información falsa, lo que permitió obtener 34 recetas oficiales y 19 hojas de medicación en tres meses y medio. La acusación sostiene que esos fármacos fueron suministrados a la anciana mientras se le impedía regresar a Grado.
Según la acusación, los acusados mantuvieron a la mujer contra su voluntad en la vivienda, retirada de su entorno, sin bolso ni teléfono móvil y sin posibilidad de contactar con su familia. Durante esos meses, habría sido privada de cuidados básicos de higiene y aseo, obligada a dormir en la cama de uno de los menores y a utilizar un pequeño cuarto de baño comunitario en el garaje del edificio.
El escrito recoge que durante un ingreso en urgencias del Hospital Ramón y Cajal el 7 de mayo de 2021, Arantxa Palomino firmó el alta voluntaria en lugar de la paciente para llevarla a una notaría. Allí, la anciana, previamente diagnosticada de demencia severa según la acusación, otorgó testamento a favor de Palomino, legándole su casa de Grado y todo su dinero.
Días después, según la acusación particular, los acusados consiguieron que la mujer otorgara un poder a favor de Arantxa Palomino para disponer de su dinero, supuestamente destinado a gastos asistenciales, aunque el escrito sostiene que también se utilizó para extraer cantidades en beneficio propio.
El informe definitivo de autopsia concluyó muerte violenta u homicida por intoxicación aguda de metales pesados, cadmio y manganeso. Sin embargo, el escrito señala que no se pudo determinar de forma concluyente la causa de la muerte por las limitaciones de las muestras tomadas.
La acusación particular considera que no puede descartarse un "efecto potenciador" entre los fármacos hallados en la autopsia, entre ellos antipsicóticos, un ansiolítico y antidepresivos, que habrían podido influir en el fallecimiento.
Según el relato del fiscal, la pareja acudió el 8 de marzo de 2021 al domicilio de la tía de Arantxa y la convenció para trasladarse a Rivas haciéndole creer que necesitaban ayuda para cuidar de sus hijos y que solo pasaría fuera unos pocos días.
Una vez en la vivienda, según el Ministerio Público, ambos procedieron a aislarla de manera "sistemática", apartándola de sus hermanos y sobrinos, aprovechándose de que estaba fuera de su entorno habitual y del deterioro cognitivo que padecía.
