Absuelto un profesor de un colegio de Usera acusado de abuso sexual por falta de pruebas concluyentes
La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado sentencia absolutoria para un profesor de Primaria de un colegio del distrito de Usera, que había sido acusado de seis delitos de abuso sexual a menores. La Sala ha considerado que no existe prueba suficiente que acredite que los hechos ocurrieran en los términos relatados por las menores, acordando así la libre absolución del docente en aplicación del principio 'in dubio pro reo'.
Según recoge la resolución judicial, los magistrados reconocen que, de haberse producido los actos denunciados, habrían tenido un evidente contenido sexual. Sin embargo, la valoración de las pruebas practicadas, en especial de las declaraciones de las niñas en la prueba preconstituida realizada en cámara Gesell, ha llevado al tribunal a considerar que existen dudas razonables sobre la veracidad y exactitud de los hechos narrados.
La Sala subraya la falta de precisión de las menores a la hora de situar los supuestos tocamientos, así como las inconsistencias entre los distintos testimonios. En algunos casos, se indicó que los hechos ocurrieron en clases de lengua, y en otros en clases de naturales. Además, resulta "poco creíble" —apunta el tribunal— que una alumna situada en primera fila pudiera observar con claridad tocamientos presuntamente realizados sobre compañeras sentadas en la última fila.
Los magistrados apuntan que, en uno de los episodios descritos, el gesto del profesor de mover la mano por debajo de la cintura podría obedecer simplemente a una búsqueda de mejor apoyo al explicar divisiones en el ordenador, y no necesariamente a una acción de contenido sexual.
Asimismo, señalan que los informes periciales mostraron reservas sobre la afectación de los testimonios, lo que incrementa las dudas sobre la existencia real de los tocamientos. La Sala distingue, no obstante, entre la posible incomodidad que algunas menores pudieron sentir ante la proximidad física del docente y la comisión de un acto penalmente relevante.
La Fiscalía solicitaba para el acusado una pena de 18 años de prisión, mientras que las acusaciones particulares pedían hasta 27 años y medio de cárcel. La defensa había reclamado su absolución o, subsidiariamente, la aplicación de atenuantes como la reparación del daño o las dilaciones indebidas. Finalmente, la sentencia acuerda la absolución libre, imponiendo las costas procesales a la acusación.
