Anticorrupción recurre la sentencia del caso de las mascarillas y pide condenar a Medina y Luceño por falsedad y no por estafa
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la sentencia dictada en el conocido caso mascarillas, en la que solicita que se condene a Luis Medina y a Alberto Luceño por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, del que fueron absueltos en primera instancia. Asimismo, pide que se agrave la condena a Luceño por falsedad documental, al considerar que esta debe calificarse como delito continuado.
El recurso, presentado tras la sentencia dictada el pasado 19 de marzo por la Audiencia Provincial de Madrid, impugna parcialmente el fallo, en concreto la absolución relativa a la falsedad mercantil, pero no la decisión sobre el delito de estafa, por el que ambos fueron exonerados tras el juicio. Luceño fue condenado entonces a tres años de prisión por fraude fiscal y falsificación de documento público.
En su recurso, el fiscal sostiene que tanto Medina como Luceño deben ser considerados autores —material y cooperador necesario, respectivamente— de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, por el que solicita una condena de dos años de prisión y una multa de diez meses con una cuota diaria de 500 euros.
La acusación destaca que los documentos falsificados por Luceño, con la cooperación de Medina, no se limitaron al ámbito contractual, sino que tuvieron repercusión directa sobre terceros, afectando al tráfico mercantil y activando mecanismos de control contra el blanqueo de capitales en al menos dos entidades financieras.
En concreto, apunta que uno de estos documentos fue remitido al SEPBLAC, la unidad de inteligencia financiera española, cuya intervención dio lugar al informe que originó el procedimiento penal. Además, se indica que parte de esta documentación falsa fue utilizada ante la Agencia Tributaria, en el marco del expediente que derivó en la condena por delito contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía también solicita que la falsificación documental por la que fue condenado Luceño sea elevada a delito continuado, al haber fabricado diversos documentos oficiales, incluido un carnet falso del CNI. En este sentido, el Ministerio Público argumenta que se trata de una conducta reiterada que justifica una mayor gravedad penal.
Junto a estas peticiones, el fiscal reclama el decomiso de bienes propiedad de Alberto Luceño, así como de cualquier otro activo en su poder hasta alcanzar un total de 1.351.386,29 euros, cifra que deberá destinarse prioritariamente al pago de la responsabilidad civil derivada del caso.
El recurso eleva ahora el caso al TSJM, que deberá valorar si revoca parcialmente la sentencia de la Audiencia Provincial y accede a las peticiones del Ministerio Público. La resolución tendrá especial relevancia en el desarrollo de un procedimiento que ha concitado un notable seguimiento público desde que se destapó la trama vinculada a la compraventa de material sanitario durante la pandemia.
