El juez reitera al PSOE y Grupo Mixto que el primo de Almeida no intervino en el caso de las mascarillas

El juez Adolfo Carretero ha rechazado en otro auto imputar a Carlos Martínez-Almeida por un delito de tráfico de influencias en el caso de las mascarillas al no existir prueba alguna de su intervención en las negociaciones con los investigados que se materializaron en la venta de material sanitatario por 11, 6 millones de euros.

En un auto fechado el 6 de junio, el magistrado desestima los recursos de reforma interpuestos por el PSOE, el Grupo Municipal Socialista y Grupo Mixto contra el auto por el que el juez denegó tal petición el pasado mes de mayo.

Estas acusaciones populares recurrieron al sostener que el familiar del alcalde debía sustentar la condición de investigado tras reconocer en su declaración judicial que facilitó a Luis Medina el email de contacto con el Ayuntamiento de Madrid para canalizar la oferta del investigado.

Para las acusaciones, estas manifestaciones daban lugar a "muchas dudas sobre su intervención, el modo en que se gestiono el contrato, el conocimiento por parte de Martínez Almeida de la operación con anterioridad y si de algún modo se envió con la misma".

Entendían que ello exigiría por "garantía que el citado señor tenga la condición de imputado por un delito de tráfico de influencias del artículo 429 del Código Penal, incluso como cooperador necesario en la estafa".

NO HAY PRUEBA

Ante ello, el juez esgrime que, al igual que manifestó en el anterior auto, "no existe prueba" de que Carlos "interviniese en las negociaciones de los investigados con el Ayuntamiento de Madrid y menos que tuviese compensación económica para ello".

"El citado señor no presionó a funcionario o autoridad alguna para que se elevase a cabo la contratación, limitándose únicamente a proporcional a Medina un e-mail del Ayuntamiento, de conocimiento público para que hiciese llegar su oferta, desentendiéndose del asunto", recoge el auto.

Agrega el magistrado que este extremo lo confirma en su declaración María Díaz de la Cebosa, antigua profesora de Medina, y más tarde la coordinadora General del Ayuntamiento de Madrid, Matilde García Duarte, quien proporcionó "en última instancia el e-mail a Carlos Martínez Almeida y sin que el testigo, cuya imputación se pretende tuviese la mínima conversación con la persona del Ayuntamiento que contrató con los investigados, Elena Collado".

"Y si no hay prueba de tráfico de influencias, mucho menos la hay de que Carlos Martínez Almeida supiese con anterioridad los negocios del Medina, a quien no conocía, como tampoco a Luceño ni existe indicio de su participación como cooperador necesario, cómplice o encubridor de la presunta estafa hecha al Ayuntamiento, máxime cuando desconocía el contenido de las negociaciones y los precios de la oferta", apunta.

Concluye que Carlos Martínez-Almeida sólo ha reconocido dar un correo genérico del Ayuntamiento al investigado Luis Medina, lo que "no constituye delito alguno".