El exjuez Presencia rechaza ser examinado por el forense de la Audiencia Nacional y se acoge a su derecho a no declarar

El exjuez Fernando Presencia ha rechazado este jueves someterse al análisis psiquiátrico del médico de la Audiencia Nacional, negándose de igual forma a contestar a las preguntas del juez que investiga las presuntas calumnias que habría dirigido contra distintos magistrados, la mayoría del Tribunal Supremo.

"No hay declaraciones", ha respondido Presencia a su salida de la Audiencia Nacional, donde estaba citado a partir de las 09.00 horas para ser examinado por el forense. El objetivo de esa prueba, acordada por el magistrado Joaquín Gadea, era determinar si padecía alguna patología que le hiciera inimputable.

Fuentes jurídicas han explicado que ese análisis era un derecho y en ningún caso una obligación para Presencia, que ha rechazado participar en el estudio. El exmagistrado sí que ha ofrecido declaraciones a su llegada a la sede judicial. "Quieren tacharme de loco y quieren ingresarme", ha denunciado.

Antes de acudir a su cita ante el juez, prevista para las 10.00 horas, Presencia ha mostrado un informe médico elaborado por un doctor en el que se determina que "se encuentra en perfecto estado de salud mental". Las mismas fuentes señalan que, ante el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, el exmagistrado únicamente ha accedido a responder a una pregunta de su letrado.

El propio Presencia ha compartido ese informe clínico psiquiátrico preliminar a través de la cuenta de Twitter de la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) --que él mismo preside.

"Podemos pues afirmar que tras la exploración a la que ha sido sometido el cliente, no hay signos ni síntomas de que pueda presentar en el momento presente ningún Trastorno Psiquiátrico según los criterios internacionales", recoge el mismo.

Acompañando al informe ACODAP ha compartido un mensaje en el que puede leerse una advertencia de su abogado, que afirma que "su ingreso involuntario en un centro psiquiátrico podría ser constitutivo de delitos como detención ilegal" y secuestro entre otros.

LA DENUNCIA CONTRA PRESENCIA

El juez Gadea comenzó a investigar el pasado 21 de junio a raíz de una denuncia presentada por el fiscal jefe de la AN, Jesús Alonso, contra Presencia por las afirmaciones realizadas respecto a magistrados del Tribunal Supremo, entre ellos su presidente y el del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Cabe recordar que el pasado 10 de junio el TS ya denunció a Presencia ante el CGPJ por difundir "imputaciones radicalmente falsas" y "calumniosas" que no guardan relación alguna con la "verdad" sobre la situación patrimonial de los magistrados del alto tribunal.

No obstante, las acusaciones de Presencia se han dirigido también contra otros jueces fuera del TS. Así, el magistrado Joaquim Bosch ha anunciado en Twitter que ha emprendido acciones penales en el marco de esta causa contra "los difamadores que fabrican falsedades".

CIERRE CAUTELAR

En este contexto, el instructor pidió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realizara las averiguaciones oportunas para determinar los posibles afectados por las publicaciones efectuadas en la página web del ex juez, así como la existencia en otros canales de los contenidos difundidos por Presencia.

También ordenó cerrar dicha web para poner fin a "la permanente situación de atentado contra los bienes jurídicos de las víctimas y las instituciones del Estado que están siendo impúdicamente infringidos por el denunciado". Para ello, solicitó la ayuda de las autoridades francesas porque el dominio se encuentra geolocalizado en el país vecino.

Asimismo, Gadea interesó recabar información sobre una cuenta bancaria presuntamente vinculada a Presencia poniendo el foco en un posible delito de blanqueo de capitales u otras irregularidades.

Según la denuncia de la Fiscalía, el exjuez solicitaba en todas las publicaciones a los usuarios de su web que hicieran donaciones a favor de él o su asociación, ACODAP, "como contribución económica para apoyar y hacer posible la lucha contra la corrupción".