La Comunidad pide archivar la causa por la compra de un ático

El Gobierno regional sostiene que el inmueble se destinó a apoyar a las consejerías y que "en ningún caso" se compró como vivienda oficial para la presidenta.

La Comunidad de Madrid ha remitido alegaciones al Tribunal de Cuentas en las que defiende que la compra del ático del paseo del General Martínez Campos, en el distrito de Chamberí, se ajusta "plenamente a la legalidad", y ha solicitado el archivo de la causa.

El Gobierno regional respondió así al plazo de cinco días que el tribunal concedió al Ministerio Fiscal, a la empresa pública Planifica Madrid y a la propia Comunidad para que se pronunciaran sobre si procede designar un delegado instructor que investigue la presunta compra irregular del ático o si, por el contrario, debe archivarse la acción pública.

Las denuncias, presentadas entre el 3 de agosto y el 1 de septiembre, se acumularon al referirse todas a un presunto desvío de dinero público que podría haber perjudicado a las arcas de Planifica Madrid, M.P., S.A. y de la Comunidad de Madrid por la adquisición de un ático residencial. El 30 de septiembre llegó una quinta denuncia sobre los mismos hechos.

La Comunidad sostiene que la operación se ajusta "plenamente a la legalidad, a los estatutos y competencias de la empresa pública" y que no implica "un deterioro económico para la empresa, por lo que se propone el archivo inmediato de las denuncias presentadas".

Los argumentos de los servicios jurídicos

Según las alegaciones de los servicios jurídicos, Planifica Madrid compró el inmueble "dentro del objeto social de la empresa pública", cuya función es hacerse con una parte de los inmuebles de la Comunidad, administrarlos y "ponerlo al servicio de las necesidades de la Administración regional".

El escrito recuerda que el consejero delegado de Planifica Madrid está expresamente facultado para comprar y vender inmuebles en la sociedad, y que el ático se pagó "por un precio que se correspondía con el valor de mercado tasado en el momento de la compra".

"El inmueble se adquirió como espacio de apoyo a las consejerías para atender distintas necesidades institucionales, lo cual se concretó en el contrato de arrendamiento suscrito con posterioridad a la adquisición", ha señalado la Comunidad, que ha insistido en que el piso "en ningún caso" se compró como vivienda oficial para la presidenta.

Por último, el Ejecutivo autonómico añade que la operación buscaba sumar "un activo patrimonial a Planifica Madrid, conservando el valor de la inversión y permitiendo atender distintas necesidades institucionales" de la región.