Esperanza Aguirre declarará este miércoles por el caso Lezo

La expresidenta de la Comunidad de Madrid comparecerá como testigo en el juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del Canal de Isabel II vinculados con un campo de golf.

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, está citada a declarar como testigo este miércoles en el juicio del "caso Lezo" contra su sucesor en el cargo, Ignacio González, acusado de presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con un campo de golf del ente público.

El caso provocó en 2017 la dimisión de Aguirre como portavoz y concejala en el Ayuntamiento de Madrid tras la detención de González, quien había sido su "número dos" durante sus años al frente de la Comunidad de Madrid, entre 2003 y 2012.

Los acusados y las penas solicitadas

Además de González, están acusados en esta pieza del "caso Lezo" Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, y los socios de la empresa TCT, José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, estos dos últimos hermano y cuñado del expresidente de la Comunidad de Madrid.

En la primera jornada del juicio el pasado martes, en la que las partes plantearon las cuestiones previas, González y el resto de acusados negaron los hechos por los que están siendo juzgados. La Fiscalía Anticorrupción solicita para todos ellos penas de seis años de prisión como presuntos autores de delitos de cohecho y como cooperadores necesarios de los mismos, así como una multa de 550.000 euros.

Irregularidades en la adjudicación de contratos

Los hechos se remontan a 2002, cuando el Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, firmó un convenio urbanístico de planeamiento con el Ayuntamiento de Madrid para posibilitar el uso público de diversas instalaciones del canal, para lo que convocó un concurso para la ejecución del proyecto de construcción de la cubierta del tercer depósito del canal.

En junio de 2004, la dirección del Canal de Isabel II, ostentada por Ildefonso de Miguel e Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, "con el fin de beneficiar a familiares de este último, impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación", según Anticorrupción.

Los acusados convinieron con Dragados que el Canal de Isabel II le adjudicaría directamente a esta sociedad el contrato modificado, con la condición de que subcontratara a Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT), cuyos socios eran Clemente y los familiares de González. Los familiares ocultaron su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de disimular sus vínculos con el expresidente de la Comunidad.

Beneficios indebidos y cobros bajo seudónimo

La aprobación y adjudicación directa a Dragados tuvo lugar en la sesión del Consejo de Administración del Canal de Isabel II celebrada el 19 de julio de 2006. La actuación conjunta de los acusados permitió que TCT, empresa sin capacidad técnica, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con ambas adjudicaciones, obteniendo un beneficio de al menos 504.780 euros financiado con fondos públicos.

El 15 de junio de 2006, Dragados subcontrató a TCT para la realización de determinados trabajos por un importe de 160.204,79 euros, cuyo objeto era la ejecución de un hoyo número 4 de prueba en el campo de golf. Este objeto se amplió después con cuatro anexos por importes totales de 2.292.232,82, 298.830,24, 286.270,58 y 30.326,40 euros, ascendiendo el total a 3.067.864,83 euros.

TCT se fundó en mayo de 2003 con la razón social de trabajos de ingeniería, y no fue hasta 2008 cuando incluyó la realización de proyectos deportivos, a pesar de que carecía de toda capacidad para llevar a cabo la ejecución de los trabajos. Por ello, los subcontrató a su vez con Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España, y acordaron percibir una comisión del 8% por su intermediación.

Entre noviembre de 2006 y marzo de 2008, los acusados se fueron repartiendo parte de los beneficios. El hermano de González, oculto bajo las siglas "PG", recibió 101.348 euros mediante 20 entregas en efectivo. Su cuñado, con las siglas "JJC", recibió 94.425 euros en once entregas, y José Antonio Clemente, con las siglas "JCM", le correspondieron 71.199 euros. Esos pagos se hicieron con facturas emitidas por sociedades instrumentales.