Ignacio González niega las acusaciones en el juicio del caso Lezo

Anticorrupción reclama seis años de prisión y una multa de 550.000 euros para el expresidente regional y los otros cuatro acusados, que también han negado los hechos.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha negado ante la Audiencia Nacional haber cometido un delito de cohecho en la pieza del "caso Lezo", causa en la que se sienta en el banquillo junto a otras cuatro personas. El juicio gira en torno a presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados a un campo de golf de la empresa pública.

La primera sesión se dedicó íntegramente a las cuestiones previas. También rechazaron los hechos el director gerente del Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y los socios de TCT, la empresa que habría recibido las adjudicaciones de forma fraudulenta: José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero. Estos dos últimos son, respectivamente, hermano y cuñado del expresidente regional.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para cada uno de ellos seis años de prisión como presuntos autores de delitos de cohecho y cooperadores necesarios de los mismos, además de una multa de 550.000 euros.

El tribunal mantiene al Ayuntamiento como acusación

Durante el turno de cuestiones previas, la defensa común del hermano y el cuñado de González reclamó "la expulsión de la causa de la representación del Ayuntamiento de Madrid". Su argumento: aunque el consistorio figura como acusación particular, "no tiene ningún perjuicio acreditado ni alegado".

El tribunal rechazó esa alegación de falta de legitimación apoyándose en las "propias alegaciones" del Ayuntamiento, que recordó que "se encuentra integrado en la estructura societaria del Canal de Isabel II, de forma que un eventual perjuicio económico ocasionado a esta repercute necesariamente en los intereses" de la corporación municipal.

El Ayuntamiento de Madrid argumentó, en su defensa de la acusación particular, que "ostenta un interés legítimo, concreto y actual en la persecución de los hechos, toda vez que el resultado del procedimiento penal afecta de manera directa la esfera jurídica y patrimonial de la corporación".

La Fiscalía también se opuso a apartar al consistorio de la causa, subrayando que "es accionista del Canal de Isabel II y, por lo tanto, puede ser perjudicado por los hechos que se van a juzgar".

"Cualquier desviación económica que se produzca en las actividades del Canal de Isabel II, realizada presuntamente en este momento por los acusados, erige al Ayuntamiento en un perjudicado legítimo a efectos penales", añadió el Ministerio Público.

Los hechos se remontan a 2002

El escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía sitúa el origen del caso en 2002, cuando el Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, firmó con el Ayuntamiento de Madrid un convenio urbanístico de planeamiento para abrir al uso público varias de sus instalaciones. Con ese propósito, convocó un concurso para ejecutar el proyecto de construcción de la cubierta del tercer depósito del canal.

Dos años más tarde, la dirección del Canal de Isabel II, encabezada por Ildefonso de Miguel e Ignacio González —entonces vicepresidente de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid—, "con el fin de beneficiar a familiares de este último, impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso, a pesar de que, atendiendo a las variaciones sustanciales que se iban a introducir, debería haberse convocado una nueva licitación", según Anticorrupción.