Ignacio González, a juicio por adjudicaciones del Canal

Expresidente de la Comunidad acusado de irregularidades en adjudicaciones del Canal de Isabel II entre 2003 y 2009.

La Audiencia Nacional juzga desde este martes a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, junto a otras cuatro personas, por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con un campo de golf del ente público.

Además de González, están acusados el director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y los socios de la empresa TCT, José Antonio Clemente, Pablo Manuel González —hermano del expresidente— y Juan José Caballero —cuñado del mismo—. La Fiscalía Anticorrupción solicita para todos los acusados penas de seis años de prisión por delitos de cohecho como presuntos autores y cooperadores necesarios, así como una multa de 550.000 euros.

El proceso corresponde a la pieza 2 del caso Lezo. Los hechos se remontan a 2002, cuando el Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, firmó un convenio urbanístico de planeamiento con el Ayuntamiento de Madrid. Para posibilitar el uso público de diversas instalaciones del canal, se convocó un concurso para la ejecución del proyecto de construcción de la cubierta del tercer depósito.

El mecanismo del fraude con beneficiarios familiares

En junio de 2004, la dirección del Canal de Isabel II, ostentada por Ildefonso de Miguel e Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, "con el fin de beneficiar a familiares de este último, impulsó y facilitó la tramitación de un modificado del anterior concurso", según Anticorrupción. González e Ildefonso de Miguel convivieron con Dragados que el Canal le adjudicaría directamente a esta sociedad el contrato modificado, con la condición de que subcontratara para determinados trabajos a la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT), cuyos socios eran Clemente, el hermano y el cuñado de González.

Los familiares del expresidente madrileño ocultaron su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de disimular sus vínculos familiares. La aprobación y adjudicación directa a Dragados del modificado tuvo lugar en la sesión del Consejo de Administración del Canal celebrada el 19 de julio de 2006, tras la intervención de González e Ildefonso de Miguel.

"La actuación conjunta de los acusados permitió que TCT, empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con ambas adjudicaciones, obteniendo un beneficio de al menos 504.780 euros financiado con fondos públicos", indica la Fiscalía.

Contratos por 3 millones para trabajos del campo de golf

El 15 de junio de 2006, Dragados subcontrató a TCT para la realización de determinados trabajos. Según Anticorrupción, los socios de TCT habían acordado secretamente con los responsables de Dragados "incrementar en un 47% el importe a cobrar". El contrato inicial firmado ese día ascendía a 160.204,79 euros para la ejecución del hoyo número 4 de prueba del campo de golf.

Este se amplió después mediante cuatro anexos en agosto, octubre y diciembre de 2006 y febrero de 2007, por importes de 2.292.232,82, 298.830,24, 286.270,58 y 30.326,40 euros respectivamente. El importe total de los trabajos subcontratados con TCT alcanzó los 3.067.864,83 euros.

TCT se fundó en mayo de 2003 con la razón social de trabajos de ingeniería, pero no fue hasta 2008 cuando incluyó la realización de proyectos deportivos. "Sin embargo, la sociedad carecía de toda capacidad para llevar a cabo la ejecución de los trabajos", apunta la Fiscalía. Dados los trabajos deportivos que TCT no podía ejecutar, sus socios los subcontrataron a las sociedades Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España, acordando percibir una comisión del 8% por su intermediación.

Reparto de beneficios bajo seudónimos

Fieldturf emitió tres facturas a TCT por 270.204 euros y Onlygolf emitió once facturas por 2.605.805 euros. TCT emitió trece facturas contra Dragados por 3.257.039 euros, de forma "sucesiva y correlativa" a las emitidas por Onlygolf y Fieldturf, obteniendo un beneficio de 381.029 euros por su intermediación.

Entre noviembre de 2006 y marzo de 2008, los acusados se repartieron los beneficios "según un plan perfectamente documentado". El hermano de González, oculto bajo las siglas 'PG', recibió 101.348 euros mediante 20 entregas en efectivo. El cuñado, bajo las siglas 'JJC', recibió 94.425 euros en once entregas, y José Antonio Clemente, bajo las siglas 'JCM', le correspondieron 71.199 euros. Estos pagos se efectuaron supuestamente con facturas emitidas por sociedades instrumentales.

Segunda fase: la concesión de instalaciones deportivas

En 2006, el Canal adjudicó el concurso para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas del tercer depósito a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por TCT, Soto Once e Iridium Concesiones de Infraestructuras. Tras la adjudicación, la UTE constituyó la sociedad 'Green Canal Golf', que en 2007 firmó la concesión. Poco después, subcontrató con TCT el trabajo de mantenimiento del césped durante cinco años por un precio mensual de 9.875 euros.

TCT, "al carecer de capacidad para ejecutar ese trabajo", lo subcontrató con Onlygolf, reduciendo el canon mensual a 7.941 euros. Con esta mera intermediación, TCT consiguió un beneficio aproximado de 124.000 euros, según el Ministerio Fiscal.