El Supremo abre la recta final del voto por la 'ley de nietos'

El Defensor del Pueblo recurre al Constitucional para restaurar el derecho de voto de los afectados por la suspensión de la ley de nietos, mientras el Supremo abre plazo para alegaciones.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que solicita medidas cautelarísimas "para que puedan, si así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo" en las elecciones generales. La decisión llega tras "haber recibido diversas peticiones de particulares y entidades" afectadas por la suspensión.

El Tribunal Supremo cerrará esta próxima semana el plazo abierto para que los afectados por la suspensión del voto para nacionalizados por la "ley de nietos" puedan alegar, después de rechazar el recurso del Gobierno que pedía levantar la medida cautelar acordada. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal incluyó en su auto el llamamiento a los interesados que lo deseen para que puedan personarse en las actuaciones como parte codemandada.

Alcance de la suspensión

Para estas elecciones, el Supremo indicó que la suspensión del voto afecta, según datos aportados por la Abogacía del Estado, a 163.020 personas que habían obtenido la nacionalidad española por la "ley de nietos" y estaban inscritas en el censo electoral a 1 de agosto, fecha válida para estas generales.

La Oficina del Censo Electoral cuenta ya con datos de más de 70.000 españoles que han recibido la nacionalidad en virtud de la "ley de nietos" y que están afectados por la decisión del tribunal de suspender el derecho de voto a quienes no puedan demostrar descender de exiliados, según informaron fuentes de Exteriores.

Organizaciones pidiendo participar

Hasta el momento, el Supremo ha dado cuenta de que las asociaciones Cubanos por la Democracia y Ascendientes Españoles en el Mundo han solicitado personarse en el procedimiento, algo a lo que Iustitia Europa, uno de los partidos junto a Vox que recurrieron para la suspensión cautelar, se ha opuesto al ver falta de legitimación.

El abogado Eduardo Ranz ha presentado alegaciones en nombre del Centro de Descendientes de Españoles Unidos, organización que describió la suspensión como un paso "fundamental para suspender la cautelar y que todos los españoles tengan garantizado su derecho al voto, en una ocasión especialmente necesaria como son las próximas elecciones generales" del 29 de noviembre.

Esta organización subrayó que los letrados del equipo de José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Supremo, actúan "con altruismo compartido en la defensa de los derechos de todos los españoles, incluidos los residentes en el exterior".