El ex Fiscal General del Estado presenta un recurso de amparo contra la sentencia del Supremo y alega vulneración de derechos fundamentales, falta de pruebas directas y una finalidad institucional legítima al difundir la nota de prensa de marzo de 2024.
Álvaro García Ortiz ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que anule la condena que le impuso el Tribunal Supremo en diciembre por revelación de secretos. El ex fiscal general fue sentenciado a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros e indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por daños morales.
En su escrito, presentado a través de la Abogacía del Estado, García Ortiz denuncia vulneración de derechos fundamentales: presunción de inocencia, tutela judicial efectiva, libertad de expresión y derecho a no declarar contra uno mismo. Su argumento central es que la condena se sustenta en una valoración arbitraria e irracional de los indicios.
El ex jefe del Ministerio Público sostiene que actuó con finalidad institucional legítima. Según su defensa, la difusión de la nota de prensa de marzo de 2024 buscaba desmentir informaciones que califica de "confusas, contradictorias y tergiversadas" y proteger la actuación de la Fiscalía. A su juicio, la respuesta de la institución era necesaria ante las acusaciones vertidas públicamente.
García Ortiz cuestiona directamente el razonamiento del Supremo. Sostiene que la sentencia atribuye su autoría a partir de inferencias abiertas sin prueba directa suficiente. Cita testimonios de periodistas que, según afirma, declararon expresamente que él no era su fuente.
El recurso insiste en que la resolución es arbitraria al dar por acreditado que la filtración se produjo con su intervención directa o a través de un tercero con su conocimiento y aceptación. La defensa considera que no existe prueba auténtica ni razonamiento lógico suficiente para sostener que tuviera conocimiento efectivo o aceptara una eventual revelación realizada por otra persona de su entorno.
También cuestiona que la mayoría del tribunal, compuesta por cinco magistrados frente a dos partidarias de la absolución, pasara de una mera sospecha sobre personas del entorno a una atribución de autoría sin base probatoria sólida.