Madrid derriba dos edificaciones ilegales en suelo protegido de Chinchón

El Gobierno regional ejecuta dos derribos en la Vega del Tajuña y descubre una parcelación ilegal en 25 terrenos sin título habilitante.

La Comunidad de Madrid ha ejecutado dos derribos de edificaciones en Chinchón tras el incumplimiento reiterado de resoluciones administrativas. La acción forma parte de su estrategia para contener la proliferación de urbanizaciones ilegales en suelo protegido de la Vega del Tajuña y preservar este espacio de valor ambiental.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, a través de la Dirección General de Urbanismo, ha coordinado la intervención dentro del Plan de Inspección y Disciplina Urbanística del Ejecutivo autonómico. El operativo ha contado con técnicos de la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística, unidades de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Morata de Tajuña y Chinchón, así como la Policía Local del municipio.

La zona afectada constituye un ámbito de elevado valor agrícola, históricamente dedicado a cultivos de regadío. Sin embargo, en los últimos años ha experimentado un deterioro progresivo derivado del abandono de la actividad agraria y la aparición de construcciones residenciales dispersas, incompatibles con la normativa urbanística vigente.

Los inmuebles derribados se ubicaban en una parcela catalogada como suelo no urbanizable protegido. El terreno, además, presentaba contaminación procedente de vertidos a cauces públicos, circunstancia que la legislación prohíbe expresamente tanto para la edificación como para la parcelación urbanística.

De forma simultánea, la Dirección General de Urbanismo ha identificado en la misma zona una división ilegal del terreno en 25 subparcelas independientes, todas ellas sin ningún título habilitante que justifique su creación.

En el área ya se han detectado movimientos de tierra, pozos de agua y anuncios de venta, indicios que, según la Comunidad, revelan un proceso activo de comercialización y transformación de la superficie. De consolidarse esta tendencia, daría lugar a la creación de una urbanización residencial ilegal en suelo no urbanizable protegido por su elevada productividad agrícola.

Ante esta situación, el Gobierno regional ha iniciado el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y el procedimiento sancionador, tras practicar las primeras notificaciones administrativas.

La Comunidad de Madrid ha puesto de relieve que, en menos de un año de vigencia del actual Plan de Inspección y Disciplina Urbanística, se han ejecutado 13 derribos. Tres de ellos se han realizado de forma subsidiaria por la Administración regional, mientras que otros diez se han llevado a cabo de manera voluntaria por los responsables de las construcciones.

En este mismo periodo, la Dirección General de Urbanismo ha realizado 173 inspecciones, incoado 66 expedientes de disciplina urbanística y 65 sancionadores, tramitado 83 requerimientos de información, 308 diligencias previas y 14 expedientes de ejecuciones subsidiarias.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha advertido de que estas construcciones ilegales “comprometen gravemente la protección del territorio, favorecen la degradación de espacios de alto valor ambiental y generan situaciones de inseguridad jurídica para los ciudadanos”.