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La Comunidad anuncia un plan regional ante amenazas sanitarias y bioterrorismo
La Comunidad de Madrid activará este próximo otoño un Plan de Preparación y Respuesta frente a amenazas de Salud Pública, concebido para anticiparse a situaciones de riesgo sanitario como la pandemia de Covid-19 vivida en 2020.
El anuncio fue realizado este jueves por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en el Debate del Estado de la Región celebrado en la Asamblea de Madrid.
Evaluación de riesgos según su origen y forma de transmisión
El plan prevé la evaluación individualizada de diferentes tipos de amenazas, ya sean de origen biológico, alimentario, zoonótico, químico, ambiental, intencionado o desconocido. La respuesta será modulable en función de la naturaleza del agente y su modo de transmisión. Con ello, el Ejecutivo autonómico busca establecer una capacidad de respuesta rápida y eficaz que permita mitigar los efectos de una crisis sanitaria, garantizar la salud pública y restablecer cuanto antes la normalidad social y asistencial.
La estrategia contempla la reactivación del Sistema de Alerta Rápida en Salud Pública (SARSP) y su coordinación con otros mecanismos ya existentes como el Plan Territorial de Protección Civil (PLATERCAM, 2019) y el Plan Operativo de Respuesta de la Consejería de Sanidad. La actuación conjunta de todos los agentes implicados en salud pública será una de las claves del nuevo modelo de preparación sanitaria.
Una ley regional para reforzar la salud pública madrileña
El anuncio de este plan de contingencia se enmarca en una línea más amplia de reforma normativa impulsada por el Gobierno regional en este ámbito. Actualmente, la Consejería de Sanidad está elaborando el Anteproyecto de Ley de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, que busca reforzar el papel del sistema sanitario autonómico en la prevención y control de riesgos colectivos.
La nueva legislación, actualmente en fase de consulta pública, estará orientada a mejorar las competencias autonómicas en salud pública, garantizar la seguridad sanitaria y fomentar un entorno de confianza entre los ciudadanos. Está previsto que la normativa sea aprobada en 2026, dotando así a la región de un marco jurídico propio para hacer frente con mayor solidez a posibles amenazas sanitarias.
