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Vox propone nuevas deducciones fiscales en Madrid y exige auditar el coste de la inmigración
VOX ha registrado en la Asamblea de Madrid una batería de propuestas fiscales con el objetivo de aliviar la presión económica que sufren las familias madrileñas, centradas especialmente en ámbitos como la educación, la vivienda y la sanidad. Las medidas, en forma de enmienda parcial, incluyen cinco deducciones fiscales y una bonificación general de 1.800 euros en la base imponible para contrarrestar los efectos de la inflación.
Entre las iniciativas presentadas por el grupo liderado por Isabel Pérez Moñino figura una deducción del 100% del IVA o del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la compra de una primera vivienda. En el ámbito sanitario, la formación reclama una deducción del 50% de las cuotas mensuales de seguros médicos privados, así como un 30% en los gastos derivados de tratamientos bucodentales esenciales. También propone una deducción del 90% para gastos relacionados con prótesis y sistemas de movilidad destinados a personas en situación de dependencia.
En materia educativa, Vox apuesta por una deducción del 50% de las cuotas mensuales en centros privados o concertados durante la etapa de educación obligatoria. En esta línea, el partido ha reiterado su intención de alcanzar la gratuidad total de la educación financiada con fondos públicos, abogando por cubrir al cien por cien los costes reales de los conciertos educativos y garantizar que en 2026 no haya coste alguno para las familias en Educación Infantil, Formación Profesional y Bachillerato.
Junto a estas medidas fiscales, Vox ha reclamado la realización de una auditoría para conocer con precisión el coste real que la inmigración representa para las arcas públicas autonómicas. La formación sostiene que el incremento de población, sumado a la inmigración irregular, está generando una presión insostenible sobre los servicios públicos.
La portavoz del grupo parlamentario ha acusado al Gobierno regional de falta de transparencia en esta materia, reprochando que no se ofrezcan datos claros sobre el gasto destinado a mantener a la inmigración ilegal. En sus declaraciones, Isabel Pérez Moñino ha asegurado que los ciudadanos, “ahogados por el Gobierno de Pedro Sánchez”, se ven obligados a financiar con sus impuestos la inmigración promovida por PP y PSOE, mientras sus servicios básicos se deterioran.
Vox insiste en que el Ejecutivo madrileño tiene una “obligación moral y política” de rendir cuentas y explicar con detalle el destino de cada euro recaudado, especialmente en un contexto económico donde muchas familias “no llegan a fin de mes”.
