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El Gobierno madrileño impulsa una guía común para unificar la redacción de todas las normas de la Comunidad de Madrid
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles las nuevas Directrices de Técnica Normativa, una guía destinada a unificar criterios en la elaboración de leyes y disposiciones autonómicas, con el objetivo de garantizar textos más claros, coherentes y rigurosos.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha explicado que el documento incorpora pautas comunes de redacción y ejemplos prácticos que servirán de referencia a los órganos responsables de la producción normativa. La iniciativa busca elevar la calidad del ordenamiento jurídico y ofrecer mayor seguridad jurídica a ciudadanos, empresas y operadores legales.
Desde el Ejecutivo regional subrayan que la finalidad es que las normas sean comprensibles y estén redactadas con un lenguaje accesible, evitando ambigüedades y reforzando la coherencia interna del sistema legal autonómico.
La medida se enmarca en una estrategia más amplia de modernización normativa que pretende simplificar el marco regulatorio y reducir cargas administrativas, en un contexto en el que la claridad legislativa se considera clave para la estabilidad institucional y el desarrollo económico.
Paralelamente, el Gobierno madrileño trabaja en un proyecto de decreto que establecerá la revisión periódica de las leyes autonómicas. La previsión es que sea aprobado en el primer semestre del año e introduzca la obligación de realizar una evaluación ex post antes de que transcurran cuatro años desde la entrada en vigor de cada disposición, salvo que una norma con rango de ley fije otro plazo.
Asimismo, se incorporará una fecha de caducidad para determinadas normas de carácter organizativo, aquellas que regulan la estructura interna, funciones, competencias y procedimientos de la Administración y sus entidades públicas.
El plan contempla también un procedimiento abreviado para aquellas leyes que, por su simplicidad técnica, puedan tramitarse de forma más ágil. Con ello, el Ejecutivo regional pretende evitar la acumulación de normas innecesarias y asegurar que la regulación responda a criterios de necesidad, proporcionalidad y eficacia.
La aprobación de estas directrices refuerza la apuesta del Gobierno autonómico por un marco normativo más estable y previsible, considerado un elemento esencial para la confianza institucional y la actividad económica en la región.
