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Dávila critica que el Gobierno imponga el reparto de menores mientras favorece a los independentistas
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha afirmado este martes que los servicios jurídicos de once comunidades autónomas han detectado ya “profundas irregularidades por invasión de competencias” en el plan estatal de reparto de cerca de 4.000 menores migrantes no acompañados, actualmente ubicados principalmente en las islas Canarias. Según ha declarado, el Gobierno regional llevará esta medida a los tribunales si el Ejecutivo central continúa adelante con la aplicación del real decreto que regula esta distribución forzosa, cuyo protocolo ha sido aprobado en Consejo de Ministros.
La Comunidad de Madrid ha reiterado su rechazo a este reparto, que está previsto que se inicie a finales de agosto. "Se trata de un paso más en un decreto que es ilegal desde su origen", ha afirmado Dávila, aludiendo a que no se trata de un sistema de cooperación voluntaria entre regiones sino de una imposición unilateral del Gobierno de Pedro Sánchez. La consejera ha insistido en que, si se ejecutan los traslados, el Ejecutivo madrileño no dudará en presentar los recursos judiciales correspondientes.
Para Dávila, esta medida no solo vulnera el marco competencial de las comunidades autónomas, sino que forma parte de las “maniobras del Gobierno para mantenerse en el poder”. Ha denunciado en este sentido que el decreto excluye expresamente a Cataluña y al País Vasco, comunidades cuyos gobiernos sostienen a Sánchez en la actual legislatura. Mientras que Madrid deberá acoger a 647 menores, ni El País Vasco ni Cataluña estarán obligados a asumir nuevos ingresos, aunque esta última sí ha ofrecido de forma voluntaria recibir a 31 menores.
La consejera madrileña ha criticado además que el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, haya impulsado la apertura de un centro estatal en Pozuelo de Alarcón para alojar a parte de estos menores sin consultar ni coordinarse previamente con la administración autonómica. “No pueden hacerse estos repartos de forma disimulada y con deslealtad institucional”, ha subrayado, pidiendo al Gobierno que actúe con responsabilidad, colaboración y respeto a las competencias autonómicas.
El pasado jueves, Madrid y el resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular decidieron no asistir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, convocada para debatir este plan, como muestra de su oposición frontal a un decreto que consideran que excede el marco legal. El Gobierno central, por su parte, ha defendido que la reubicación es una medida “urgente y humanitaria” ante el colapso de los servicios de acogida en Canarias, y que su propósito es garantizar la protección de los menores de forma equitativa entre regiones.
