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La FMM exige un "refuerzo inmediato" de agentes ante el "deterioro" de la seguridad
Piquet reclama al Ministerio del Interior un plan de seguridad de 60 millones ante el repunte de la delincuencia.
El debate sobre los índices de delincuencia y la suficiencia de las fuerzas de seguridad del Estado abre un nuevo frente institucional entre las corporaciones locales y el Ejecutivo central. La Federación Madrileña de Municipios (FMM) ha lanzado una petición formal al Gobierno de España para que proceda al despliegue inmediato de al menos 1.500 nuevos agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la región, argumentando un retroceso en los parámetros de seguridad ciudadana recogidos en las estadísticas oficiales oficiales.
Repunte de la criminalidad y propuesta de reordenación fiscal
La presidenta de la entidad municipalista y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha defendido que las administraciones locales están agotando sus recursos presupuestarios para reforzar las plantillas de las policías locales, advirtiendo de que los ayuntamientos se encuentran desasistidos ante el incremento del tejido delictivo. Los últimos datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior reflejan un incremento del 2,3% en las infracciones penales de la región durante el primer trimestre, con repuntes específicos en las tipologías de homicidios, tráfico de drogas y delincuencia organizada en localidades como Alcorcón, Alcalá de Henares o San Sebastián de los Reyes.
Desde una perspectiva de libre mercado y optimización de los servicios de proximidad y gestión administrativa, la FMM sostiene que la incorporación de estos 1.500 efectivos supondría un coste anual de 60 millones de euros, una cifra equivalente a menos del 1% del programa estatal de Seguridad Ciudadana. Para financiar este plan sectorial sin alterar los presupuestos autonómicos ni locales, la federación propone reordenar las partidas presupuestarias del Ministerio de Interior, reducir los gastos de publicidad institucional, aminorar la estructura burocrática del Estado y destinar los fondos recuperados en operaciones contra el fraude fiscal, aludiendo de forma directa a los activos incautados en causas judiciales por fraude económico.
Fondo extraordinario para el impacto en los servicios municipales
La hoja de ruta registrada por la federación de ayuntamientos también contempla la creación inmediata de un fondo de contingencia dotado con 15 millones de euros. Esta partida presupuestaria complementaria se destinaría de forma prioritaria a aquellos consistorios que asumen una mayor presión asistencial derivada de los flujos migratorios y los procesos de regularización administrativa gestionados por los ministerios del Gobierno central.
Finalmente, Judith Piquet ha desglosado que estos recursos de emergencia se distribuirían entre los municipios en función de variables objetivas, tales como el volumen de población atendida, los índices de escolarización extemporánea y las necesidades de mediación comunitaria para garantizar los servicios de limpieza, atención social y recursos educativos. La dirigente madrileña ha instado al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, a abandonar las dinámicas de confrontación política y a dotar de medios financieros a la administración local para absorber los costes extraordinarios de estas competencias estatales.
